Tras casi 10 años de denuncias ignoradas y cinco investigaciones inconclusas en la Contraloría, el caso de Ricardo Guerrero Mercado, vecino afectado por una construcción presuntamente ilegal en el número 1073 de la calle 5 de Febrero, colonia Américas Unidas, volvió a avanzar en este año.

En mayo, el Gobierno de la Ciudad de México turnó su denuncia a la Fiscalía General de Justicia capitalina bajo el folio CI-FIDCSP/B/UI-B1 C/D/01835/05-2024, y una jueza de control revocó la abstención de investigación emitida por el Ministerio Público; asimismo, ordenó continuar con las diligencias al considerar que las autoridades omitieron indagar posibles daños y responsabilidades de la obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez.

Además, según un peritaje, la torre de departamentos de siete niveles debilitó los cimientos de su vivienda ubicada a escasos centímetros. El afectado sostiene que la edificación fue aprobada sin respetar la separación sísmica obligatoria, lo que generó desplazamientos y grietas en su propiedad.

A pesar de presentar documentación técnica y evidencia fotográfica desde 2016, sus quejas fueron desechadas en diversas ocasiones por la Contraloría, que determinó que no existían irregularidades en los permisos otorgados por la demarcación. Esa postura fue contradicha en 2022 por el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa, que concluyó que la construcción no cumple con la normatividad estructural vigente.

Omisiones y dilación del MP

Con ese antecedente, Guerrero denunció ante la fiscalía presuntas omisiones, dilación y falta de investigación por el Ministerio Público asignado, por lo que solicitó audiencias de control para impugnar la falta de seguimiento al expediente.

En una de ellas, realizada este año, la jueza Carolina Beltrán García determinó que la abstención de investigar no estaba debidamente fundada y ordenó reactivar las indagatorias. El vecino acusó que la inacción institucional ha permitido que la obra permanezca en operación, pese a las advertencias sobre riesgos estructurales, por lo que pidió que se determinen responsabilidades administrativas y penales.