El Senado aprobó ayer por unanimidad cambios a la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para armonizarla con la reforma constitucional que los reconoce, junto con las comunidades afromexicanas, como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Con ello se busca que el INPI desarrolle y ejecute políticas y programas que realmente reflejen los nuevos derechos reconocidos a esos grupos.

La morenista Edith López Hernández puntualizó que no sólo es una adecuación técnica, sino un paso más en la construcción de una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos originarios, basada en el respeto, la igualdad y el reconocimiento.

Con la enmienda a la ley secundaria, dijo, se reafirma que el INPI, como autoridad del Ejecutivo federal en materia indígena, debe actuar conforme al reconocimiento constitucional de la libre determinación, la autonomía y la igualdad jurídica.

Añadió que la modificación no sólo tiene sustento en la Carta Magna, sino en compromisos internacionales que México ha asumido, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en sus artículos 2 y 7 establece que los gobiernos deben desarrollar acciones coordinadas para proteger los derechos de los pueblos originarios y garantizar el respeto a su integridad.

El documento fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

Por otra parte, ayer la mesa directiva del Senado dejó en primera lectura el dictamen de la minuta por la que se expide la ley de desarrollo sustentable de la cafeticultura, aprobada por la mañana en comisiones.