a desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayot-zinapa sigue sin esclarecerse y sus madres y padres continúan exigiendo justicia, sin resultados tangibles sobre lo sucedido en aquellas horas terribles de la noche del 26 de septiembre de 2014 y primeras horas del 27.

Once años transcurridos, ya en curso el tercer gobierno federal, y hoy debemos detenernos a valorar la expresión de voluntad, hace cinco días, de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para explorar la posibilidad de la reincorporación a la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI). Se trataría de Carlos Beristain y Ángela Buitrago, que no sólo cuentan con la plena confianza de los familiares de los 43 normalistas, sino que su intensa y fecunda labor, y sus informes contundentes, encierran elementos clave en el tortuoso proceso de investigación. Recordemos que el GIEI ha sido prácticamente obligado a separarse de su función y salir del país en dos ocasiones.

En 2016, el peñanietismo les dio salida ante su informe de 2015, en el que mostró evidencias de la falsedad de la llamada “verdad histórica” con la que el entonces procurador, hoy sometido a juicio y en arresto domiciliario, intentó cerrar el caso y con ello favorecer al presidente en aquel momento.

En 2020, ya con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el GIEI fue invitado a regresar y realizaron una actividad intensa que los llevó, en los hechos, a coincidir con lo planteado por Alejandro Encinas en un informe significativo como presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj), a la par que subsecretario de Gobernación, en el que mostró evidencias que apuntan a la intervención y, en su caso, responsabilidad del Ejército, así como de otros niveles de gobierno; señaló que no lo evitaron y, peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron, se indicó, con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia que operaba en Iguala en 2014.

Todo ello llevó a la Covaj a referir que estamos ante un crimen de Estado.

El GIEI, por su parte, en lo que sería su último informe, destacó que faltan 800 folios de documentos del Ejército que hasta la fecha no han sido entregados, y son claves para el esclarecimiento del caso, para conocer el destino de los 43 estudiantes normalistas y para lograr el castigo a los responsables.

En su momento, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción al Ejército de que los proporcionaran. Como recordamos, esta postura del Ejecutivo cambió radicalmente, y en la fase final de su gobierno, emprendió una defensa activa del Ejército, asumió personalmente la investigación y consideró que no hay pruebas que lo vinculen, y confrontó tanto al GIEI como a los organismos de derechos humanos que han acompañado a los familiares.

En ese contexto, en julio de 2023, el GIEI salió del país, ante la imposibilidad de avanzar sin la información esencial por parte del Ejército. En octubre de ese año, en un clima de tensión también con el Ejército, renunció Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; se dijo que “para participar en actividades político-electorales”. En su lugar se designó a Arturo Medina, quien continúa en ese cargo en el actual gobierno. Es curioso que sin desaparecer oficialmente a la Covaj, en los hechos no se le menciona. Sobra decir que tanto la Covaj como el GIEI se ubican en el terreno de la coadyuvancia, y desde ahí sus aportes debieron judicializarse, terreno complejo como damos cuenta. Puerta cerrada.

El actual gobierno ha logrado romper la tensión heredada con los familiares de los 43 normalistas y fue muy admirable en su momento la reiteración declarada de su esperanza de encontrar verdad y justicia en el próximo gobierno. Llevan seis reuniones en buenos términos y, no obstante que la Presidenta de la República ha señalado que va por la verdad y la justicia, y que se insistirá en la extradición de Tomás Zerón, otra pieza clave, también se han difundido noticias sobre la detención de implicados; aún ellos no encuentran evidencias de resultados ni precisiones sobre la nueva estrategia. Mauricio Pazarán Álvarez, el nuevo fiscal, se ha incorporado al caso.El regreso del GIEI ha sido una petición de los familiares, y es buen indicio que se busque contacto directo para evaluar esa posibilidad.

A muy grandes rasgos, presento un esbozo del contexto de las salidas del GIEI y de los resultados de su trabajo; ellos evaluarán y decidirán, sin embargo, no podemos eludir preguntarnos si en realidad hay condiciones acordadas con el Ejército para que deponga su negativa a proporcionar la información indispensable que el GIEI en su momento solicitó para concretar el esclarecimiento del caso.

Tampoco podemos evitar la duda sobre la convicción política de retomar los avances que el GIEI aportó y están contenidos en sus informes.