La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta se-mana seis proyectos de dos ministras que buscan dar por terminadas todas las impugnaciones promovidas por organismos autónomos contra las leyes que los obligan a aplicar la “austeridad republicana” y a reducir los salarios de sus funcionarios, medidas impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la lista preliminar de asuntos del 4 de diciembre próximo se registraron un proyecto de la ministra María Estela Ríos González y cinco de Loretta Ortiz Ahlf para responder a las controversias constitucionales promovidas por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como los aún existentes Banco de México e Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas de 2019 y 2021 a la Ley Federal de Austeridad y a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En todas las controversias –que dejó pendientes de resolución el pleno anterior– las instituciones alegaron afectaciones a su autonomía por restricciones presupuestarias o salariales; sin embargo, las propuestas de ambas ministras coinciden que dichas instituciones no tienen legitimidad ni interés para impugnar las normas, pues sus reclamos trataban de recortes salariales y no de afectaciones directas a sus facultades constitucionales, por lo que en todos se propone sobreseer las controversias.

El proyecto de la ministra Ríos González, ex consejera Jurídica de López Obrador, concluye en la controversia constitucional 6/2020 que la Cofece ya no tenía legitimación activa para impugnar la Ley Federal de Austeridad Republicana –pese a sus argumentos de afectación a la autonomía–, debido a la reforma constitucional de 2024 que extinguió ese órgano.

Los proyectos de la ministra Ortiz en las controversias 76/2021, 77/2021, 79/2021, 80/2021 y 81/2021 concluyen que Inegi, Banco de México, Cofece, INE e Ifetel no tenían interés legítimo para impugnar la Ley Federal de Remuneraciones, pues sus reclamos se centran en derechos salariales de sus empleados y no en una invasión a sus competencias constitucionales.