La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, que incluye la creación de una comisión nacional para el desarrollo de esa actividad con el fin de mejorar la cadena de producción del grano, en la que participan 500 mil personas.

En tribuna, Leticia Barrera Maldonado (PRI) explicó el alcance de la propuesta y alertó que, pese a la calidad del café mexicano, la gran mayoría de los productores “enfrenta rezagos acumulados, como la alta vulnerabilidad a plagas y enfermedades”, además de “insuficiente integración de la cadena de valor”.

Ante eso, dijo, la expedición de la ley facilitará el surgimiento de “instancias de diálogo y coordinación entre productores, comercializadores, industria y gobierno”, e impulsará “la inversión, la asistencia técnica, la renovación de plantaciones, el manejo fitosanitario y el fortalecimiento de capacidades”.

En lo general, el dictamen se aprobó por unanimidad y, ya en lo particular se avalaron reservas de la bancada de Morena.

Ricardo Monreal expuso que sus observaciones –las únicas aceptadas– se relacionan con temas como reafirmar que el café “es un producto básico y estratégico, cuya producción debe contribuir a la seguridad alimentaria del país”.

De igual forma, se amplió la definición de la ley para reconocer a todas las personas físicas y morales que participan en la cadena productiva y priorizar el uso de semillas criollas y nativas, entre otros puntos.

En la misma sesión, el pleno aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal para incrementar las penas por despojo, al establecer diversas agravantes para quien cometa ese ilícito contra grupos históricamente vulnerables.

El dictamen, aprobado por 413 votos, agregó un artículo 395 Bis de agravantes con las que se sancionarán de 6 a 10 años extras de prisión a los servidores públicos que participen y para los delincuentes que se hagan pasar por notarios o notificadores que intimiden a las víctimas, afecten a adultos mayores, personas con discapacidad o usen documentación falsa para ostentarse como dueños de algún inmueble para concretar el despojo.

También se aprobó por 407 votos el dictamen enviado por el Senado que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el que los sindicatos están protegidos contra cualquier acto de injerencia de servidores públicos.