Alrededor de mil 500 ejidos y comunidades que concentran concesiones para el uso de agua dejaron de tener una actividad agropecuaria predominante, para destinar sus tierras a parques industriales, complejos habitacionales y desarrollos turísticos, de acuerdo con la Procuraduría Agraria.

El titular de esta institución, Víctor Suárez, señaló que la mayoría de esos territorios cuentan con títulos de concesión que pasaron a manos de compradores privados, a raíz de las reformas al artículo 27 de la Constitución y a la Ley de Aguas Nacionales aprobadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En entrevista posterior al ciclo de conferencias Rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias, puntualizó que la mayoría de los mil 500 ejidos se ubican en los cinturones de las áreas metropolitanas colindantes a espacios en crecimiento de ciudades y zonas turísticas, además de las costas del país, donde hay una alta especulación inmobiliaria y corredores industriales.

Indicó que la renta o compraventa de tierras se ha llevado a cabo mediante procesos “fuera de la ley”, con la participación de “mafias agrarias”, porque a partir de las leyes salinistas se estableció un “mercado de agua” con el fin de transformar los recursos nacionales o sociales en mercancías sujetas a procesos de acaparamiento.

Suárez expuso el caso de las 960 hectáreas de tierras en costas de Nayarit –con valor de 50 mil millones de pesos y que equivalen a más de 530 lotes inmobiliarios–, que se apropiaron los ex gobernadores Ney González y Roberto Sandoval, las cuales ya fueron recuperadas por la Fiscalía General de la República.

Tras advertir que en el periodo neoliberal la propiedad social de la tierra fue vista como un “botín”, mencionó que menos de 8 por ciento de los más de 32 mil 500 ejidos y comunidades, que concentran 75 por ciento de los recursos naturales estratégicos del país, están en manos de privados.