París. La Corte de Casación francesa confirmó ayer la condena contra el ex presidente Nicolás Sarkozy por beneficiarse de financiamiento ilegal durante su campaña electoral de 2012, un caso diferente al que lo llevó a prisión este año.

Sarkozy, de 70 años, fue condenado en apelación el 14 de febrero de 2024 a 12 meses de prisión, de los cuales seis meses de obligado cumplimiento, por beneficiarse como candidato a su relección de un financiamiento político ilegal.

El ex dirigente “toma nota del rechazo de su recurso, tal y como siempre ha hecho con las decisiones dictadas en su contra”, escribieron sus abogados.

Doble facturación

Las investigaciones revelaron que se creó un sistema de doble facturación para ocultar el aumento de los gastos de su fallida campaña, que fueron casi el doble del límite autorizado de 26 millones de dólares.

El sistema atribuía a su entonces partido conservador Unión por un Movimiento Popular (UMP) una gran parte del costo de los mítines, bajo el pretexto de convenciones ficticias. Sarkozy siempre ha rechazado cualquier “responsabilidad penal” en este caso.

“Aunque el juzgado de apelación constató que él nunca tuvo conocimiento personal del exceso de gastos de su campaña en 2012, debido al desvío de fondos por parte de la empresa Bygmalion, el Tribunal de Casación considera, no obstante, que su mera condición de candidato es suficiente para que sea penalmente responsable”, lamentaron sus abogados.

El tribunal de apelación impuso una pena inferior al de primera instancia, que en 2021 lo sentenció a un año de prisión firme, y además abrió la puerta a que pueda cumplirla en casa con una tobillera electrónica.

La condena por el llamado caso Bygmalion es la segunda firme contra el marido de la cantante Carla Bruni en Francia, tras el caso de las escuchas. En virtud de este último tema, ya portó entre febrero y mayo una tobillera electrónica.

El presidente conservador entre 2007 y 2012 no ha terminado con sus problemas judiciales. Esta pendiente el juicio en apelación por el presunto financiamiento ilegal de su primera campaña presidencial, con recursos del régimen libio de Muamar Kadafi.