Zacatecas, Zac., La dirigencia estatal de la sección 58 del SNTE en Zacatecas rechazó el programa de “federalización” de la nómina magisterial anunciada por el gobierno de David Monreal Ávila a través de un decreto publicado en su Periódico Oficial del gobierno del estado, con el que se pretende que 874 trabajadores de la educación, que actualmente cobran en la nómina estatal, sean absorbidos por el gobierno federal, lo que implicaría la pérdida individual de prestaciones contractuales que durante años han conquistado laboralmente a nivel local.

Marcelino Rodarte Hernández, dirigente de la sección 58, anunció el inicio de un paro de labores por tiempo indeterminado, y lamentó que la administración estatal morenista esté ofreciendo un incentivo de 37 mil pesos a cada uno de los maestros que acepten el traslado a la “federalización”, lo que implica la renuncia a la plaza estatal como trabajador de la educación de forma irrevocable.

En el decreto, el gobierno de Zacatecas indica que los recursos para entregar incentivos, provendrán del Capítulo 4000-Partida 4411, de “Ayudas Sociales”, por un monto de hasta 32 millones 338 mil pesos.

La acción gubernamental, sin embargo, fue rechazada por Rodarte Hernández, quien la catalogó como un acto gubernamental “opaco, improvisado y lesivo para los derechos laborales del magisterio”.

Principalmente cuestionó que se anunciara un incentivo de 37 mil pesos que el gobierno calificó como un “apoyo económico”.

Sin embargo, el también dirigente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en la misma sección 58, puntualizó: “no es un apoyo, es una renuncia irreversible a los derechos laborales”.

Argumentó que en el decreto no se garantiza a los trabajadores de la educación la conservación integral de prestaciones como la antigüedad, procesos de promoción, seguridad social, ni continuidad en el régimen pensionario.

El líder de la sección 58 del SNTE señaló además que el programa de “federalización” del gobierno monrealista “no garantiza equivalencias entre las prestaciones estatales y federales, por lo que podría afectar ingresos reales, estímulos, compatibilidad de plazas y años de servicio computables”.

En el fondo, concluyó Marcelino Rodarte, la pretensión de David Monreal es reducir la carga de las necesidades financieras del gobierno estatal, “la intención real es trasladar la presión presupuestal del estado a la Federación”.