El gobierno mexicano obtuvo un triunfo en el arbitraje internacional iniciado por la firma estadunidense Access Business Group ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), organismo del Banco Mundial especializado en controversias entre inversionistas y estados, informó ayer la Secretaría de Economía (SE).

La dependencia informó en un comunicado que representó con éxito al Estado mexicano en el arbitraje iniciado por Access Business Group LLC, empresa que en abril de 2023 presentó una reclamación ante el CIADI, al amparo del TLCAN y el T-MEC, en demanda de más de 2 mil 700 millones de dólares.

Access afirmó que en 1992 y 1994, por conducto de la filial Nutrilite, S de RL de CV, adquirió unos terrenos que forman un predio conocido como El Petacal, en Jalisco. La reclamación de Access se basó en la supuesta expropiación de tales predios alegando que en julio de 2022 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) los entregó a un ejido.

El 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Arbitral determinó por mayoría y a favor de México carecer de jurisdicción para conocer la controversia y desestimó el arbitraje en su totalidad.

En esencia, explicó la SE, el tribunal concluyó no tener jurisdicción porque las medidas impugnadas ocurrieron más de dos años después de la terminación del TLCAN, por lo que no podían alegarse violaciones a obligaciones que ya no estaban vigentes.

“Nada en el texto del anexo 14-C indica que los estados contratantes hayan extendido la aplicación de las disposiciones sustantivas de la sección A del capítulo 11 más allá de la terminación del TLCAN”, señaló el tribunal.

La demandante deberá cubrir costos del proceso

La dependencia agregó que el tribunal ordenó a la empresa demandante pagar a México aproximadamente 1.3 millones de dólares por gastos y costos del arbitraje.

“El resultado de este arbitraje constituye un logro relevante para el Estado mexicano, un precedente importante en materia de arbitraje de inversión, y deja en claro la improcedencia de una reclamación multimillonaria”, concluyó la dependencia.