El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) redujo las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a varios candidatos de los comicios de juzgadores, incluidas ministras y el presidente de dicho órgano, Gilberto Bátiz, por aspectos contables de su informe de ingresos y gastos.

Por ejemplo, Celia Maya, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, tenía una multa de 34 mil 394 pesos y quedará en 4 mil 638; la ministra Yasmín Esquivel recibirá una sanción de 12 mil 784 pesos, luego de que los magistrados dejaron sin efecto dos sanciones; asimismo, Giovanni Azael Figueroa tendrá una de poco más de 2 mil pesos, mientras el magistrado presidente del TEPJF tiene que pagar 5 mil 500 pesos.

El proyecto de sentencia para confirmar las sanciones correspondió al magistrado Reyes Rodríguez, en una parte de la sesión en la que Bátiz y su compañera Claudia Valle salieron del salón porque no podían expresarse sobre un asunto en el que ellos estuvieron involucrados al haber sido candidatos de la primera elección judicial en el país.

Luego, el magistrado presidente comentó a la prensa que las observaciones del INE “son ajustes administrativos propios de un modelo que aún debe perfeccionarse”.

Por ejemplo, el INE señaló como falla no haber abierto una cuenta bancaria tres meses antes de la campaña (cuando todavía no definía si sería candidato) o que entregó tarde algunos reportes.

“No existe ninguna irregularidad grave ni ocultamiento de información. Hoy, como integrante del TEPJF y ex candidato tengo plena disposición para contribuir a mejorar el diseño de la elección judicial, que distinga un régimen especial con el fin de garantizar procesos más justos”, indicó.

Aparte, la sala superior aprobó disminuir la multa a Celia Maya, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, pero otras sanciones (menores a 50 mil pesos), incluidas las de ministros, fueron ratificadas.

En otro asunto, la sala superior del TEPJF determinó que la Dirección de Prerrogativas y Partidos del INE no es la vía para pedir a los institutos políticos el reintegro de remanentes de financiamiento público.

Derivado de la fiscalización de gastos de campaña de la elección de 2024, fue calculado el monto que Morena debe devolver a la Tesorería de la Federación por tratarse de recursos no ejercidos o no comprobados. El reintegro es de 347.4 millones de pesos.

A propuesta de Bátiz, el TEPJF señaló que la Unidad Técnica de Fiscalización y la dirección de administración son las instancias para hacer estas solicitudes.

Aparte, el TEPJF ratificó los lineamientos para la revocación de mandato de la gubernatura de Oaxaca. También por unanimidad de votos, el tribunal confirmó el criterio de las autoridades electorales locales al considerar que el artículo 105 constitucional no es aplicable a este procedimiento, por tratarse de un mecanismo de participación ciudadana y no de un proceso electoral ordinario.

A propuesta del magistrado Felipe de la Mata, la sala superior determinó por unanimidad que los planteamientos del inconforme, Movimiento Ciudadano, eran nuevos (no llevados en el tribunal estatal) por lo que no podían ser analizados en esta máxima instancia nacional.