Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, ex verificadora en la Agencia Nacional de Aduanas e implicada en una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, obtuvo una suspensión definitiva que frena por el momento el juicio en su contra por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La medida cautelar no implica que recupere la libertad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República ella presuntamente recibió sobornos para permitir el ingreso de cargamentos de combustible en buques que eran falsamente declarados como otros productos con el fin de evadir impuestos.

La red era liderada por altos mandos navales, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por el mismo delito, y su hermano el almirante Fernando Farías Laguna, este último prófugo de la justicia. Ambos son sobrinos políticos del ex titular de la Secretaría de Marina Armada de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán.

Hace dos meses, Gutiérrez Gutiérrez, junto con otros 13 integrantes de la red de corrupción, representantes de empresas aduaneras y funcionarios de Aduanas, fueron detenidos y sujetos a proceso penal por delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos, todo por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de combustible desde Estados Unidos.

Sin embargo, Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez promovió un juicio de amparo contra actos privativos de la liberad y el auto de vinculación a proceso de septiembre pasado dictada en la causa penal 325/2025, por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

Al respecto, el juez de amparo otorgó la suspensión definitiva para que en caso de que el juicio llegue a la etapa intermedia, el juzgador de control, una vez concluida, no ordene la apertura a la etapa de juicio, en tanto no se resuelva el presente juicio en lo principal; es decir hasta que determinen si conceden el amparo a Gutiérrez.

El togado señaló que la medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar en su totalidad la continuación del procedimiento penal correspondiente, pues se está ante una situación de orden público e interés social respecto del cual se encuentra vedada legalmente la suspensión solicitada.

Asimismo, el impartidor de justicia agendó la audiencia constitucional para el próximo 10 de diciembre cuando determinará si le concede la protección de la justicia federal.