Morena presentará en San Lázaro una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que, explicó el vicecoordinador de la bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, está desfasada respecto de la Constitución en puntos centrales como la presentación del Informe presidencial y el mecanismo de sustitución del presidente de la República en caso de ausencia.

Por ejemplo, el artículo 9 de la ley –que data de 1999– refiere que el Congreso elegirá a un presidente interino en términos del primer párrafo del artículo 84 constitucional, en caso de la falta absoluta del presidente, pero en sucesivas reformas en 2012, 2014 y 2019, el propio Congreso introdujo cambios, como el mecanismo para designar de mandatario interino o sustituto, y el método de elección en caso de revocación de mandato.

Además, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso todavía prevé que, al inicio del primer periodo de sesiones, el presidente acudirá a entregar su Informe y que, antes de su arribo, los grupos parlamentarios tendrán una intervención alusiva.

El artículo 69 de la Constitución señala que el presidente “presentará un informe por escrito”, como se hace formalmente desde 2008, a partir de la reforma para impedir que Felipe Calderón acudiera ante el Congreso, y el documento es entregado por los secretarios de Gobernación.

Ramírez Cuéllar dijo a este diario que la Ley Orgánica “se quedó rezagada frente a los profundos cambios políticos, sociales y tecnológicos”. Planteó que “desde que el PRI perdió la mayoría, no hay cambios y el Congreso se debilita y se degrada”. En ese sentido, refirió que su propuesta incluye 10 puntos.

Primero, la actualización de la ley frente a la realidad social; segundo, armonizarla con la Constitución, pues existen incluso contradicciones y desfases, especialmente en temas como el Informe presidencial, la toma de protesta y la ausencia del titular del Ejecutivo.

Además, añadió, requiere definir aspectos fundamentales como la igualdad sustantiva y la no discriminación; institucionalizar la figura del parlamento abierto como recurso permanente del trabajo legislativo; garantizar las herramientas tecnológicas que permitan asegurar la continuidad legislativa ante contingencias como pandemias o desastres naturales y, al mismo tiempo, mantener la presencia de los legisladores para el trabajo sustantivo del Congreso.

Servicio civil parlamentario

También, incluir más instrumentos legales para que la Cámara y la Auditoría Superior de la Federación puedan ejercer eficazmente el control y vigilancia del gasto público y del Poder Ejecutivo.

La nueva ley, planteó, debe incluir un servicio civil parlamentario que profesionalice la asesoría técnica, los centros de estudio y los institutos de investigación legislativa, que configure un “tanque de pensamientos o think tank” y aporte insumos para la toma de decisiones de los legisladores, comisiones y órganos de gobierno.

Asimismo, consideró que, en el contexto de mayorías legislativas, debe garantizar los derechos de las minorías y asegurar la deliberación democrática; preservar el patrimonio y la cultura parlamentarias; y finalmente, la ley debe estructurarse en títulos claros que regulen toda la tarea parlamentaria.