Los ministros Hugo Aguilar Ortiz, junto con Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía, asumieron el control del funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego de la reconfiguración del alto tribunal el 1º de septiembre, el pleno creó mediante la resolución 1/2025 el nuevo Comité de Gobierno, órgano encargado de todas las decisiones administrativas, de supervisar el desempeño de sus áreas internas y de validar el anteproyecto de presupuesto que enviará cada año a consideración de la Cámara de Diputados.

El comité está integrado por la persona titular de la Corte –hoy Aguilar– y dos ministros electos por el pleno, en este caso Batres y Figueroa. Su composición se renovará cada dos años, con cada cambio de presidencia.

Lo anterior da ventaja a la ministra Batres, pues será quien más tiempo participe en la conducción interna del tribunal, ya que dentro de dos años asumirá la presidencia y, de manera automática, se mantendrá como integrante del comité.

Entre las tareas más relevantes a su cargo, los tres ministros tendrán la responsabilidad de validar los siguientes dos anteproyectos de presupuesto de la Corte que reciban del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que deberán someter a votación del pleno antes de enviarlos al Ejecutivo federal para su integración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cabe señalar que la “nueva Corte” pidió al recién creado Órgano de Administración Judicial (OAJ) modificar su anteproyecto de presupuesto, al desconocer la propuesta del 12 de agosto aprobada por el pleno anterior, encabezado por Norma Piña, y ya enviada al Ejecutivo, pues contemplaba un incremento real de 8.1 por ciento respecto del año previo.

El 9 de septiembre, los nuevos ministros informaron que dicho aumento “no refleja la realidad de la nueva Corte, comprometida con ejercer los recursos con mayor responsabilidad y bajo principios de austeridad”. Por ello, solicitaron al OAJ revisar el presupuesto 2026 y “ajustarlo a las nuevas condiciones” antes de su votación en la Cámara de Diputados como parte del paquete económico.

El nuevo Comité de Gobierno de la Corte también tendrá la tarea de vigilar el funcionamiento de sus órganos y áreas; podrá solicitar informes y emitir las recomendaciones que considere pertinentes; expedirá acuerdos generales en materias de su competencia, y tramitará o resolverá los asuntos administrativos de trascendencia o relevancia para el funcionamiento del máximo tribunal, los cuales serán puestos a consideración del pleno, entre otras funciones que se le asignen.