l Grupo Salinas se le cerraron las vías legales para evitar el pago de más de 48 mil millones de pesos que debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas.
Eso es de lo que Grupo Elektra y TV Azteca no pagaron entre 2008 y 2013, y la Suprema Corte de Justicia aún debe validar las sentencias de los tribunales colegiados por otros 25 o 26 mil millones, lo que haría un total de 74 mil millones de pesos en créditos fiscales, centavos más, centavos menos (https://is.gd/idJkQ7).
A eso se debe añadir los adeudos por unos 640 millones de dólares (11 mil 715 millones de pesos) que el corporativo tiene con acreedores de Estados Unidos, principalmente los relacionados con TV Azteca y otras filiales (https://is.gd/LWPfZU), para un total de 85 mil millones de pesos de deuda.
Ahora bien: a fines del año pasado, las acciones de Grupo Elektra se devaluaron 71 por ciento, lo que, según datos de Forbes, implicó una merma de más de 63 por ciento en la fortuna personal del principal accionista del Grupo, Ricardo Salinas Pliego, la cual pasó de 13 mil 400 millones de dólares en 2024 a 4 mil 900 millones en 2025, es decir, poco menos de 90 mil millones de pesos (https://is.gd/XpgjG2). Pero eso es un fenómeno intrínseco a la especulación bursátil, no culpa del gobierno federal ni del SAT.
Así, descontando deudas, la riqueza Salinas Pliego queda reducida, a grandes rasgos, a unos 256 millones de dólares, a los que además habría que descontarles los 25 millones de la multa que pagó recientemente para no ir a la cárcel en Estados Unidos por su deuda con AT&T: 4 mil 228 millones de pesos.
Esta cifra aún queda fuera de la imaginación –no se diga del alcance– de la inmensa mayoría de la población mexicana, pero su propietario ha expresado en todas las maneras posibles –desde las pretendidamente épicas hasta las más soeces– que no está dispuesto a semejante “empobrecimiento” ni a quedar fuera de la lista mundial de milmillonarios.
Pero acaso lo más doloroso e intolerable para el dueño de TV Azteca no sea la pérdida de la mayor parte de su patrimonio, sino que una autoridad –sea la Suprema Corte o el SAT– le diga lo que tiene que hacer y no se pliegue a sus designios y que el imperio de la ley pese más que el poder del dinero.
Por ello, adquiere una dimensión histórica la decisión adoptada ayer por unanimidad por los ministros de la nueva Suprema Corte en el sentido de desestimar los alegatos del aún multimillonario en contra de los tribunales que le ordenaron pagar al SAT lo que debe: por una parte, el fallo confirma el decoro y la funcionalidad de un Poder Judicial realmente autónomo, no obsecuente con dictados de los otros poderes –el Legislativo y el Ejecutivo–, pero tampoco subyugado por el músculo corporativo y empresarial; y en esa misma medida, representa un paso fundamental en la separación del poder político del poder económico, una relación que hasta 2018 fue de casi total y vergonzosa supeditación del primero ante el segundo.
Tal separación es uno de los puntos centrales de la propuesta de la Cuarta Transformación y se ha ido concretando a lo largo de estos siete años a paso lento pero firme; al contrario de lo que muchos temían o deseaban, no se ha enfrentado con una resistencia orgánica y abierta del empresariado nacional, el cual, aunque no comulgue con el ideario transformador, ha ido aceptando el principio de que la reducción de las desigualdades y el combate a la pobreza y la marginalidad resultan benéficos también –y hasta rentables, por decirlo en sus términos– para los propios empresarios.
Con algunos refunfuños, los emprendedores han empezado a regularizar, en su mayoría, su situación fiscal, por más que todavía queden muchos impuestos por cobrar, muchas injusticias laborales por corregir y muchas irresponsabilidades corporativas –como las ambientales– por sancionar.
En la circunstancia de su derrota, Salinas Pliego aparece aislado en el ámbito empresarial. Tal vez sea por eso que ha adoptado el papel de opositor político polarizador y vociferante, dispuesto a pepenar descontentos e inconformidades de cualquier clase, aunque con ello no pueda albergar muchas esperanzas de salvar su emporio.
Pero, al margen de la ruta que siga en su actividad personal, pronto el tema de interés ya no será lo que haga o deje de hacer, sino la forma más adecuada de gestionar decenas de miles de millones de pesos que serán recuperados para la propiedad pública, sea para el erario o como bienes de la nación.
Y esto no es comunismo ni dictadura y nadie planeó expropiarle nada a nadie. Fue el propio corporativo, con su determinación de no pagar los impuestos que marcan las leyes, el que durante décadas fue labrando su situación actual. Lo mismo le habría pasado en Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Argentina y hasta en las monarquías petroleras de la Península Arábiga, en las que las tasas impositivas son extremadamente bajas.
Moraleja: hay que pagar impuestos
