Chilpancingo, Gro., Activistas, intelectuales y organizaciones civiles repudiaron que el gobierno de Guerrero, a cargo de la morenista Evelyn Salgado Pineda, haya organizado, por conducto de la Secretaría de Cultura, un homenaje por el natalicio 117 del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa, acusado de representar el cacicazgo y represión de la lucha social durante la guerra sucia que se vivió en Guerrero de 1969 a 1979.

También se le acusó de ordenar el asesinato y desaparición de miles de personas, sobre todo de la Costa Grande, donde operaron las guerrillas de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.

Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora de comisarios ejidales y comunales de Guerrero, reprochó que los organizadores del acto “no conocen la historia del estado, incluso la gobernadora Evelyn Salgado y su padre, el senador Félix Salgado, deberían quitar el apellido al municipio Huitzuco de los Figueroa”.

Recordó que el extinto mandatario fue el artífice de la guerra sucia, cuando hubo más de mil desaparecidos, muertos y encarcelados, “y todavía tienen el descaro de hacerle ese homenaje”.

Al respecto, el pintor e investiga-dor de la Universidad Autónoma de Guerrero Daniel Nájera mani-festó en su programa radial Tribuna Libre que en 1974 su padre, Jacob Nájera Hernández, fue desaparecido por el gobierno de Figueroa, en San Jerónimo de Juárez.

Narró que durante esa administración los universitarios vivían con las maletas preparadas para huir por miedo a la represión.

El escritor calentano y activista José Francisco García propuso, en tanto, que los militantes de izquierda Saúl López Sollano, María de los Ángeles Santiago e Itzel Hernández “por dignidad deberían renunciar a sus cargos en el gobierno de Salgado Pineda”.

También Octaviano Gervasio Serrano, del colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, expuso que los familiares de las víctimas de la represión “están indignados por el respeto mostrado el pasado 9 de noviembre, al que asistieron representantes de los tres órdenes de gobierno”.

Tras el rechazo generalizado, la Secretaría de Cultura informó que se “revisará la norma vigente, incluida la Ley número 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia, a fin de garantizar que nuestro marco jurídico refleje los valores democráticos, sociales y culturales que hoy guían la vida pública de Guerrero”.