Los cambios constitucionales que el actual gobierno federal realizó en materia energética buscan materializar todos los aspectos de la justicia energética, incluyendo que la población pague tarifas adecuadas por el servicio eléctrico, señaló José Antonio Rojas Nieto, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener).

Al participar en la inauguración del primer simposio del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, el funcionario comentó que el cambio al artículo 27 de la Constitución resolvió las tergiversaciones que hicieron los gobiernos pasados y dejó en claro que los recursos naturales pertenecen a la nación y por ello la gestión de éstos la asumió el Estado.

Resaltó que el modelo actual de energía del país está pensado por lo menos para unos 40 años sin cambios, pero también para impulsar la política de justicia energética.

Comentó que parte de la justicia energética es que los precios sean adecuados para la población, pues existe una transición energética que ayudará a ello. También se cuenta con subsidios, aunque precisó que hay sectores que reciben esta ayuda por el esquema vigente, pese a que no lo requieren.

Rojas Nieto reconoció que dos generadoras de ciclos combinados de la península de Yucatán “no pueden operar”, pues el gas que se transporta a través del gasoducto Mayakan no es suficiente; mientras, el gas de Campeche “está contaminado con nitrógeno por las razones obvias”, por lo que se tiene que recurrir al diésel.

“La primera planta privada con convenio de largo plazo fue Mérida, que está a punto de entregar, en diciembre; estamos pensando qué vamos a hacer”, dijo.

“No es sólo un problema técnico, es un problema social y los precios justos los tenemos que dar en algunos espacios, en algunas tarifas, con algunos mecanismos, con un subsidio a consumidores. Ni un peso a las empresas eléctricas, solo a consumidores”, señaló.