El Senado aprobó ayer una reforma para dar autonomía sindical real a los trabajadores al servicio del Estado, que incluye sanciones que llegan hasta la destitución de funcionarios que intervengan en la vida gremial y/o intenten imponer o deponer a dirigencias.

La modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado fue aprobada con 102 votos a favor, y se remitió a la Cámara de Diputados. “Es un primer paso para saldar una deuda histórica”, comentó el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alfonso Cepeda Salas. El también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) resaltó que con el cambio se garantiza que ninguna autoridad de los tres poderes y los tres niveles de gobierno interfiera en las decisiones de los servidores públicos, ni sustituirá su voluntad.

Señaló que representa la conquista laboral más importante del siglo XXI para maestros, médicos, enfermeras, ingenieros y personal federal y de los gobiernos estatales y municipales, así como para los poderes Judicial y Legislativo.

También se estableció un catálogo de 19 acciones injerencistas de funcionarios que serán sancionadas, como “coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña, o para votar por una planilla dirigente o un sindicato determinado”.

También, por ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a una candidatura sindical, o que se ofrezcan beneficios laborales, ascensos, estímulos y promociones para ese mismo fin.

Incurrir en alguna injerencia en los sindicatos se considerará falta administrativa grave y será sancionada con inhabilitación o destitución de la autoridad.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, expuso que el sindicalismo del sector público estuvo subordinado al poder político durante muchos años, pero esa etapa debe quedar atrás.