as universidades públicas, tradicionalmente concebidas como espacios de pensamiento crítico y formación ciudadana, se han convertido en blanco de ataques sistemáticos por parte de líderes de derecha en distintas partes del mundo. Lo que emerge, más allá de los recortes presupuestarios y las reformas estructurales, es una narrativa compartida: las universidades son vistas como bastiones de la izquierda y centros de adoctrinamiento progresista que deben ser disciplinados o transformados. De esta manera, las universidades se han convertido en un nuevo y decisivo campo de batalla ideológico para la derecha global.

La sincronía de los ataques y la uniformidad de la retórica son alarmantes. En Estados Unidos, Donald Trump ha acusado a las universidades de estar “dominadas por maniacos marxistas” y de ser “patéticas”. Este año se relanzó el Proyecto 2025, que busca eliminar el Departamento de Educación, privatizar los préstamos estudiantiles y cancelar programas de diversidad. La intención es clara: “Las universidades estadunidenses están bajo asedio. Harvard es un foco de liberalismo que debe rendirse a nuestras exigencias políticas e ideológicas”. La hostilidad apunta directamente al personal académico; su vicepresidente, JD Vance, ha declarado categóricamente que “Los profesores son el enemigo. Debemos atacar de forma honesta y agresiva a las universidades”. Estas declaraciones se tradujeron en castigos financieros concretos: en abril de 2025 se congelaron 2 mil 200 millones de dólares en fondos federales destinados a Harvard, y en mayo Columbia perdió 400 millones en subvenciones. Además, estudiantes internacionales fueron arrestados y deportados por participar en protestas propalestinas.

El caso de Hungría ilustra una transformación institucional radical impulsada por el primer ministro Viktor Orbán desde 2010. En 2017, Orbán aprobó la Ley CEU para expulsar a la Central European University (CEU), fundada por George Soros, bajo la acusación de promover valores liberales contrarios a la soberanía nacional. Orbán justificó la medida afirmando que “La CEU representa una amenaza para nuestra soberanía cultural”. Esta estrategia de control se consolidó en 2021, cuando el Parlamento húngaro transfirió 21 universidades públicas a fundaciones privadas controladas por aliados del partido Fidesz. Para 2023, la mayoría del sistema (sólo seis universidades permanecían bajo control estatal) había sido reconfigurado. Orbán justificó estas reformas con una visión ideológica clara: “El orden mundial liberal ha llegado a su fin. Los ganadores de la nueva era serán aquellos que desarrollen plenamente su potencial nacional”.

En Argentina, la estrategia se centró en la deslegitimación económica y social. El presidente Javier Milei ha cuestionado abiertamente el valor de la universidad pública, afirmando que ésta “no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos”. Además, calificó el concepto de gratuidad como un “subsidio de los pobres hacia los ricos”. Esta narrativa facilitó acciones concretas, como el veto a la ley de financiamiento universitario en 2024 y la promoción de la apertura de universidades privadas con orientación libertaria en 2025.

De igual manera, en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dirigido sus críticas específicamente a la Universidad Complutense, acusándola de estar “colonizada por la izquierda” y afirmando que esta institución otorga “títulos como churros”. La deslegitimación retórica se acompaña de acciones que impiden el fortalecimiento financiero de la educación superior; en octubre pasado, su gobierno rechazó participar en la comisión nacional destinada a incrementar el financiamiento universitario hasta alcanzar uno por ciento del PIB, calificando la propuesta de “ajena a la realidad financiera”.

La cronología de reformas revela un patrón indiscutible de ofensiva coordinada. El discurso que se repite en medios conservadores y plataformas políticas es uniforme: las universidades son espacios dominados por el pensamiento progresista, especialmente en las facultades de ciencias sociales y humanidades. Más allá de las diferencias nacionales, el objetivo fundamental de estos discursos es común: deslegitimar el conocimiento crítico, reducir la autonomía académica y reconfigurar la educación superior para alinearla estrictamente con valores conservadores.

En este contexto global de ofensiva ideológica, la defensa de los principios fundamentales de la educación superior pública –la autonomía, la laicidad, la pluralidad y la libertad académica– se convierte en una tarea urgente e inaplazable. La lucha por el financiamiento y la estructura de las universidades públicas es, en esencia, la defensa de los espacios donde las sociedades aprenden sobre sí mismas y sobre la naturaleza, cuestionan su propio funcionamiento y a forman una ciudadanías libres, informadas y reflexivas.

* Especialista en sociología política de la educación superior y de los movimientos sociales