e marzo por la tarde. Un buque petrolero –el Torm Agnes– ingresó al puerto de Ensenada con una carga de 120 mil barriles de diésel. Es raro ver este tipo de embarcaciones en un muelle que sólo puede alojar cruceros, yates y modestos transportes de contenedores. ¿La razón? No cuenta con las instalaciones ni las medidas de seguridad para descargar materiales inflamables. En cuestión de minutos, una larga fila de pipas se formó para llevarse la preciada carga. Decenas de hombres iniciaron la operación con seis mangueras conectadas a una toma central en el barco; trabajaron ardua y calladamente, incluso hasta altas horas de la noche.
Dos meses después se sabrá, por la declaración oficial del Departamento del Tesoro estadunidense, que los laboriosos hombres que bajaban de las pipas pertenecían al cártel Jalisco Nueva generación y estaban coludidos con Ikron Meadstream, una empresa domiciliada en Houston (que fletó el barco danés). Una operación multimillonaria de contrabando destinada a surtir combustible a gasolineras y empresas mexicanas a un precio por debajo de las tarifas establecidas por Pemex. En el registro oficial de aduanas, la carga del Tom Agnes aparecería como “material de deshecho”.
Desde principios del siglo XXI, el crimen organizado en México inició su incursión en el mercado ilegal de los combustóleos. Primero fueron desvíos directos de Pemex; después las tomas clandestinas en sus ductos (el año pasado ascendieron a la estratosférica cifra de 18 mil) y, por último, ya recientemente, el contrabando masivo provisto por una flota fantasma. Hoy se calcula que dominan, por lo menos, la quinta parte de ese mercado. Se trata acaso del negocio más redituable de los cárteles mexicanos; sobre todo, del más predecible y sistemático. Si los estados de Puebla y Guanajuato se debaten hoy en el peor grado de criminalidad y violencia de su historia, esto se debe, en parte, a que los grupos criminales necesitan controlar los territorios de una industria ilegal que trabaja sin reposo.
El negocio resulta prácticamente redondo. El CJNG, las gasolineras y las empresas se benefician de la evasión de impuestos. El costo de la quinta parte de los combustibles robados que consumen cada día 44 millones de vehículos automotores en toda la República aparece como “deuda” en la contabilidad de Pemex. El déficit de Pemex eleva las utilidades de los bancos de Wall Street, que son los acreedores de la compañía.
La del Torm Agnes es algo más que la historia de un barco cargado con diésel robado. Es la microanatomía de un nuevo poder híbrido. Un poder que reside en una alianza fluida entre la violencia criminal y la racionalidad financiera. Así, entre el crimen organizado en México y Wall Street se ha establecido un sólido complejo narcofinanciero, que desangra al país día con día. El crimen organizado ha aprendido a no desafiar al poder soberano, sino a infectar sus sistemas, a mimetizarse en sus procedimientos y a utilizar sus herramientas (la empresa offshore, la deuda, la banca) para crear una máquina de extracción de riqueza que es, al mismo tiempo, enormemente violenta y burocráticamente impecable. Mientras tanto, la deuda de la empresa petrolera mexicana nunca se reduce. Y quienes pagan los costos de este histórico atraco son los contribuyentes que día con día entregan sus impuestos al fisco.
Meses después del affaire de Ensenada, la respuesta de la administración de Morena fue inculpar y detener al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a siete empresarios y funcionarios públicos (acusados por huachicol fiscal en los puertos de Tamaulipas). Un acto en sí sorprendente. Con ello se derribaban dos mitos (fomentados por el sexenio anterior): el de la supuesta “incorruptibilidad” de las fuerzas armadas, así como el de su “absoluta impunidad”. Por primera vez, un alto rango militar era acusado de delitos del fuero común.
La pregunta es bastante sencilla: ¿por qué el Departamento del Tesoro no procedió de la misma manera contra Ikron Meadstream? ¿Acaso la redefinición del CJNG como “organización terrorista” no implica que cualquier empresa que facilite sus actividades es sujeto de un delito equivalente? Hasta la fecha no se ha escuchado ni una palabra al respecto. Y, sin embargo, si el asunto llegó hasta las alturas del Departamento del Tesoro es porque alguien ejerció una presión correspondiente en Estados Unidos. Ese alguien fueron las empresas que exportan legalmente combustible a México y que han visto sus ventas mermadas.
Al parecer, la múltiple figura del CJNG (como ejército del narcotráfico y, ahora, corsario del petróleo ilegal) crea dilemas en la retórica oficial de Washington en torno al combate contra los cárteles. Se trata de un nuevo dilema del prisionero. La parte formal de la economía estadunidense ya no puede soslayar a su parte ominosa. De lo contrario, el complejo narcofinanciero, que actúa silenciosamente, quedaría desnudo a la intemperie.
Y cuando algo que debe quedar oculto sale a la luz, aparece el rostro de lo insoportable.
