La empresa Grupo Pochteca SAB de CV rechazó la información revelada por altos funcionarios de México y de Estados Unidos a La Jornada en la que se le ubica como “sospechosa” de tener vínculos con grupos de la delincuencia organizada para adquirir o desviar precursores químicos que se utilizan en la elaboración de drogas sintéticas.

En un documento de réplica a esos señalamientos, el director jurídico de la firma, Eugenio Fernando Ballesteros Cameroni, negó que su grupo empresarial participe en actividades delictivas.

Puntualizó que las fuentes que los acusaron probablemente se refieran a un asunto contra una de sus filiales que concluyó en su favor en mayo del año pasado. Y precisó que ninguna de sus subsidiarias vende, comercializa ni distribuye precursores químicos.

Ayer, este diario publicó información entregada por fuentes de alto nivel en la que señalaron a cuatro empresas mexicanas, entre ellas Grupo Pochteca, de “sospechosas” de adquirir, importar y distribuir precursores químicos entre algunos cárteles de las drogas. En los datos aportados, integrantes del gabinete de seguridad del gobierno de México indicaron que “hay una investigación” contra esa firma.

En respuesta, el director jurídico de la firma acentuó: “Respetuosamente rechazamos tales señalamientos, pues Grupo Pochteca SAB de CV es una empresa controladora que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y que jamás ha sido objeto de señalamiento, investigación o procedimiento alguno”.

Ballesteros Cameroni apuntó que las fuentes citadas en la nota en cuestión pudieron referirse a un asunto que concluyó en mayo de 2024 relacionado con Pochteca Materias Primas SA de CV, subsidiaria del grupo, “que fue incluida de manera unilateral por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Lista de Personas Bloqueadas”.

Explicó que frente a ese caso, el décimo quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió que la inclusión de esa filial en la lista mencionada “fue ilegal, al no existir solicitud internacional que la sustentara ni registro alguno en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos”.

Indicó que la UIF acató la sentencia y el asunto quedó como totalmente concluido.