El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, admitió a trámite y turnó a su ponencia el recurso de impedimento contra la ministra María Estela Ríos González, que busca apartarla como ponente y de la discusión del Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023 sobre el caso García Rodríguez y otro versus México, que ordena al Estado inaplicar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

La solicitud fue presentada el 9 de octubre por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes pidieron que la ministra se excuse o sea recusada, al considerar comprometida su imparcialidad, pues en 2022, como consejera jurídica de la Presidencia, firmó un comunicado con el titular de Gobernación para pedir a la Corte mantener la prisión preventiva oficiosa, postura opuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los promotores, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa acusados del homicidio de la regidora de Atizapán, estado de México, María de los Ángeles Tamés, perpetrado en 2001, sostienen que el comunicado constituye un prejuzgamiento de la ministra sobre el tema que ahora debe resolver. Citan jurisprudencia de la propia Suprema Corte sobre el principio de imparcialidad judicial y, en caso de no aceptarse la excusa, solicitan formalmente su recusación para que no participe en la discusión ni en la votación del asunto.

La Corte publicó ayer en listas el acuerdo fechado el 8 de octubre, aunque la solicitud fue presentada el día 9, e instruyó a la ministra Ríos González a rendir un informe en su defensa. El ministro presidente Aguilar Ortiz, ponente del expediente, deberá presentar al pleno un proyecto sobre si está o no impedida para participar.

El 9 de octubre, García Rodríguez y Reyes Alpízar también promovieron un impedimento contra la ministra Yasmín Esquivel para que se apartara de otro expediente del mismo caso, pero el ministro presidente lo desechó por no cumplir requisitos legales. En el recurso se pidió que la ministra se excusara de conocer el amparo directo 5/2025, por haber hecho en 2022 comentarios en los que prejuzgó que ambos eran responsables del feminicidio de la regidora.

El abogado del caso, Simón Hernández León, explicó que, a diferencia de la solicitud de impedimento contra Ríos, la resolución en el caso de Esquivel fue irregular, pues la excusa es una obligación de las juzgadoras, mientras la recusación es un derecho de las partes. Por ello, dijo, se interpuso un recurso de reclamación que resolverá el pleno.