La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó ayer tres días de audiencias públicas con personas con discapacidad, con el compromiso de los ministros de tomar en cuenta los planteamientos de los 89 participantes al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024, relacionada con su derecho a ser consultadas en la elaboración de leyes que impactan su vida.

La última jornada, de seis horas y media, fue la más extensa y concentró críticas al proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que propone abandonar el criterio vigente desde hace una década, según el cual la Corte invalida de forma automática las leyes relacionadas con personas con discapacidad cuando no hubo consulta previa.

El proyecto de Batres, que propone establecer “un criterio sustituto” para analizar cada caso de manera individual y evitar la invalidez de leyes benéficas para ese sector, ha dividido al pleno. Principalmente, Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa Mejía advierten que se podría restringir el citado derecho.

Sin embargo, el ministro presidente, Hugo Aguilar, clausuró ayer la jornada señalando: “Este planteamiento que hace la ministra Lenia, vamos a madurarlo. Yo estoy seguro de que vamos a encontrar la fórmula adecuada para encontrar este equilibrio de derechos”.

Batres también reconoció que el asunto “no es sencillo” y aseguró que analizarán los planteamientos recibidos, pero insistió en que el pasado 7 de octubre el pleno ya aprobó, por ocho votos, abandonar el criterio automático.

Previamente, Figueroa sostuvo: “No podemos reconocer la validez de leyes creadas sin consulta sólo porque nosotras consideramos que son benéficas”.

Esquivel ofreció revisar el caso “no sólo desde la frialdad de un expediente, sino pensando en que detrás de cada uno hay personas que demandan la atención del Estado”. Mientras, los ministros Sara Irene Herrerías, Arístides Guerrero e Irving Espinosa coincidieron en que las decisiones deben atender tanto el derecho como la experiencia de quienes se ven afectados.

Batres informó que 47 de las 50 leyes invalidadas desde 2016 protegían derechos como el acceso a educación especial o la defensa legal, lo que generó reacciones de los asistentes. “Asegurar a priori que eran en nuestro beneficio implica volver al modelo médico rehabilitador... Queremos nosotros también poder hablar”, señaló Ángel Emmanuel Rangel Bocardo.

El abogado Carlos Enrique Odriozola Mariscal, del Centro Contra la Discriminación AC, recordó que la ONU ha advertido a México sobre el incumplimiento de este deber. “El comité recomienda que el Estado garantice que las organizaciones de personas con discapacidad sean consultadas y participen en los procesos de toma de decisiones”, citó.

Al final del acto, Hugo Aguilar informó que aún no hay fecha para que el asunto se discuta en definitiva, pero será “a la brevedad” posible. Señaló que en las audicencias participaron personas provenientes de 20 estados.