Quito. Aunque algunas organizaciones de base se mantendrán movilizadas y en protesta, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, anunció este miércoles el fin del paro convocado para protestar en contra del incremento al precio del diésel, que durante un mes generó bloqueos en más de 50 lugares en todo el país y una paralización casi total en la provincia de Imbabura, en la Sierra Norte de este país andino.

El Frente Unitario de Trabajadores, algunas asociaciones estudiantiles de Quito y Cuenca, además de filiales de la Conaie de Imbabura, han dicho que mientras no se deroguen las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional no hay motivo para suspender el paro. Al mismo tiempo, pidieron al gobierno de Daniel Noboa abrir una mesa de negociación para afrontar la crisis económica y de inseguridad.

En una entrevista con una emisora de radio local, Noboa anunció que se despejarían las vías y carreteras y que el paro llegaría a su fin. Destacó que las medidas adoptadas en semanas recientes no se modificarán y anunció para el próximo año una reducción en el precio del diésel.

Asimismo, ofreció un plan de reactivación para la provincia de Imbabura, que ascendería a 50 millones de dólares, aunque las pérdidas sólo para esa región, según los empresarios, superarían 70 millones de dólares.

Criticado por sus más cercanos aliados, Vargas hizo público un comunicado: “este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres”, y denunció: “hemos sido testigos de la brutal represión; producto de eso, tenemos tres muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo. Hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías”.

Van por rechazo a asamblea constituyente

El presidente de la Conaie pidió a otros sectores sociales impulsar la campaña por el “no” en la consulta y referendo que promueve Noboa para la instalación de una asamblea constituyente, la operación de bases militares extranjeras en Ecuador, la reducción de asambleístas y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos: “Llamamos a nuestras bases a replegarse a los territorios y comunidades. La resistencia continúa en asambleas permanentes, en unidad orgánica, para preparar la campaña por el no en la consulta popular y referendo”.

Con esta decisión, la Conaie solicitó desmilitarizar de inmediato todos los territorios de las comunidades indígenas, la liberación de los detenidos durante las manifestaciones y la reparación a las familias de las víctimas mortales y a los heridos que aún requieren tratamiento médico.

En un mes de paro, según el colectivo Geografía Crítica, las organizaciones indígenas y sociales protagonizaron 610 acciones de protesta. De ellas, 399 fueron cierres de vías, 108 marchas, 68 plantones y asambleas, 19 actos simbólicos, ocho cacerolazos, cuatro vigilias y tres movilizaciones de hecho. Al mismo tiempo, hubo tres comuneros asesinados por las fuerzas militares, más de 250 detenidos y alrededor de 150 heridos, algunos de ellos de gravedad, según el reporte de la Conaie.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos registró 296 personas civiles heridas y 15 desaparecidas temporalmente. De la fuerza pública, en tanto, resultaron heridos 49 militares y 24 policías, según los comunicados de los ministerios de Defensa e Interior.