La Cámara de Diputados recibió anoche la iniciativa presidencial de una ley general contra la extorsión, así como de reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales para unificar ese delito y sus modalidades, como cobro de piso y montachoques, que se perseguirán de oficio o a partir de denuncias anónimas.

Incluso, se prevé tipificar como delitos graves la emisión de comprobantes fiscales falsos y el contrabando, en momentos en que se ha incrementado el tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos.

En la exposición de motivos, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, a diferencia de otros ilícitos y a pesar de los esfuerzos de su gobierno, de 2019 a 2025 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra un incremento de 20.8 en el promedio diario de extorsiones y 57.8 de los casos se concentran en el estado de México, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.

La propuesta busca regular la reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso a legislar en materia de una ley general y plantea sancionar ese delito con prisión de seis a 15 años; también prevé tres grupos de 43 agravantes para aplicar la pena.

Resalta que las modalidades de ese ilícito varían por estados, por lo que propone un tipo penal básico, cuyo plazo de sanción aumentará hasta una tercera parte cuando se trate de daños patrimoniales.

Modalidades

En una primera categoría se plantean como agravantes que la extorsión se relacione con cobro de piso; la imposición de precios a productos, bienes o servicios; la utilización del sistema financiero, y cuando se cometa contra candidatos a cargos de elección popular.

Una segunda, cuando se extorsione a migrantes, menores de edad, embarazadas o adultos mayores. Finalmente, una tercera, cuando se amenace con daño a la integridad de la víctima e incluye el uso de violencia, la simulación de un accidente de tránsito; la utilización de menores de edad; que se cometa por funcionarios o ex funcionarios públicos, o si se afecta directamente la economía de un estado.

Además, se prevé sanción al entorno de quienes cometen el delito, es decir, a los encubran o les sirvan de enlace logístico. Se deberá incluir reparación integral del daño.

Se incluyen dos capítulos esenciales, uno para dar protección y seguridad a las víctimas, para que durante los juicios estén libres de intimidación y en condiciones de seguridad; y otro para dar especial atención al bloqueo de señales telefónicas, de datos y voz desde las prisiones, como centro de extorsiones cometidos por los reos.

El documento prevé que la Federación se hará cargo de la investigación, persecución y sanción del delito por ser de carácter federal, lo que no exime a los gobiernos de los estados su responsabilidad ni la obligación de enfrentarlo.

El delito se perseguirá de oficio y que cualquier víctima pueda presentar una denuncia anónima en el teléfono 089, sin necesidad de revelar identidad.