l régimen político mexicano actual es una novedad histórica en el ejercicio del poder, especialmente la actuación del Poder Ejecutivo federal, pues hoy la sustancia misma de un buen gobierno, como son las decisiones en cuanto a políticas públicas, se presenta a la discusión libre y plural desde hace tiempo y diariamente frente a la sociedad entera.

Hasta hoy, no hay propuesta de cambio constitucional y legal que no se haya anunciado a la ciudadanía previamente a la discusión formal que le corresponde al Congreso general. Por ello, la disputa sobre los cambios que se requieren en materia político electoral no debe obstaculizar una propuesta que rompa de tajo con tantas leyes anteriores que sólo maquillaban al subsistema electoral y al subsistema partidario.

Para la mayoría de los mexicanos nuestro modelo de competencia por el poder público está caduco, especialmente en cuanto al excesivo gasto que representa. Nadie discute ya que la reducción de prerrogativas a los partidos y a la organización y administración de las elecciones sea necesario y consistente con la realidad de austeridad republicana.

Pero lo es más en cuanto a que sus principales beneficiarios, los partidos políticos, no están a la altura de la nueva realidad. Los mexicanos sufrimos décadas viviendo con un modelo de régimen de partido de Estado que supuestamente transitó a finales de la década de los años 80 a uno de corte bipartidista, el cual, como se sabe, se derrumbó en los comicios de 2018.

Para entender mejor el problema es necesario recordar que al contar desde 1990 con cuantiosos recursos del Estado, los partidos políticos de oposición sufrieron una transformación interna brutal, pues dejaron muy rápidamente de ser organizaciones de militantes para transformarse en agrupaciones de burócratas muy bien remunerados. La relación entre las dirigencias y las bases se debilitó y la corrupción de las élites dirigentes se desarrolló con la anuencia del gobierno. Se debilitó el sistema de competencia, las elecciones dejaron de importar, pues el reparto del poder sólo beneficiaba a las cúpulas.

Por ese pasado antidemocrático y frente a una nueva realidad competitiva, donde existe una nueva mayoría legitimada a través de las últimas elecciones federales y locales sea posible que en materia de partidos políticos se impulse una reforma constitucional necesaria para el impedimento a dar existencia política nuevamente a un organismo partidario de carácter oficial y la posibilidad de construir un nuevo modelo de partidos.

Para ello, es fundamental reformar el artículo 41 constitucional para que en México esté prohibida la creación de una figura formal de partido de Estado, del régimen o de gobierno.

Es necesario legislar para impedir la posibilidad de edificar un nuevo partido oficial. Limitando la intervención de alguno o de los tres Poderes de la República en la creación, manipulación o control de algún organismo partidario. El partido mayoritario que exista en la democracia mexicana debe ser sólo uno más en la pluralidad partidista que se debe alentar y reconstruir.

El monopolio de las candidaturas seguirá estando bajo control de los partidos políticos, pero alentando una serie de cambios que transformen la actual competencia.

Si el modelo de escrutinio mayoritario uninominal (donde el elegido es quien obtiene más votos) es el mecanismo escogido para integrar al Congreso general, será necesario reformar la legislación correspondiente a fin de: a) anular la restricción de formar partidos sólo cada seis años. La fundación de un partido debe seguir siendo libre y en cualquier momento; b) se debe legislar para dar impulso a la creación de partidos estatales o municipales, que puedan desde su nacimiento, hacer coaliciones y sin restricción legal alguna participar con candidatos propios en cualquier tipo de elección ya sea local o federal; c) los partidos políticos actuales y de nuevo registro deben pasar por un filtro institucional que revise sus fines y/o que por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar el régimen fundamental de libertad, justicia y democracia se les declare inconstitucionales.

Debemos insistir que las decisiones políticas que se construyen en México ya no son sólo de un presidente o de un partido. El apoyo de la sociedad a la transformación de la vida pública del país es un cambio que no se puede desperdiciar.

Finalmente, para alterar el ejercicio del poder la figura de la revocación del mandato debe aplicarse no sólo al titular del Ejecutivo federal, sino que en el marco del federalismo se deben modificar los artículos 115 y 116 para ser una norma aplicable en todas las entidades federativas a fin de que los gobernadores y presidentes municipales puedan ser recusados por los ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos de participación política.

* Investigador titular del IISUNAM