La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos lineamientos para la verificación patrimonial de servidores públicos, que sustituye a los emitidos en junio de 2024. El objetivo es simplificar y acelerar los procesos para investigar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Entre las principales novedades destaca la unificación de procedimientos. La antigua “investigación en materia de evolución patrimonial” y la “verificación de la evolución patrimonial” se integran ahora en un único proceso: “investigación en materia de evolución y verificación patrimonial”. Con ello se eliminan trámites intermedios y se agiliza la resolución de casos.

Otra modificación es la eliminación de la fórmula matemática específica que se utilizaba para la verificación aleatoria. Mientras la normativa anterior detallaba un algoritmo para calcular variaciones patrimoniales, la nueva otorga mayor flexibilidad al indicar que el análisis se realizará en el Sistema Integral de Evolución Patrimonial, comparando entre dos y siete ejercicios fiscales. Esto concede más margen de decisión a las autoridades.

Asimismo, se refuerza la capacidad de la Unidad de Combate a la Impunidad, que ahora podrá atraer expedientes aun sin contar con toda la documentación inicial, con lo que se evitarán retrasos en la atención de casos prioritarios. También se fijan plazos de entre 5 y 15 días hábiles para que instituciones como el Servicio de Administra-ción Tributaria (SAT) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entreguen la información solicitada.

El documento establece que, si tras la revisión un servidor público no logra justificar el incremento de su patrimonio con base en su remuneración y otros ingresos comprobados, el área competente emitirá un informe de presunta responsabilidad administrativa y podrá remitir copia certificada del expediente para que se determine una sanción o, en su caso, se formule la denuncia penal correspondiente.