La iniciativa de reforma en materia de amparo será puesta a votación del pleno del Senado en esta misma semana, informó ayer Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, tras iniciarse en esta Cámara las audiencias públicas para analizar la propuesta presidencial.

En dicho ejercicio, al igual que en el parlamento abierto organizado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), hubo voces que calificaron la iniciativa de retroceso, pero también otras que subrayaron que es un acierto. En una tercera posición, diversos ponentes plantearon que la reforma salvaguarda la naturaleza del amparo, pero para evitar una interpretación restrictiva, propusieron modificar la figura del interés legítimo y otros temas.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, adelantó que es inevitable ajustar la iniciativa para no dar pie a una posible limitación en la protección o tutela de derechos difusos o colectivos.

“Tenemos el deber histórico, político, ético, de no permitir que en un tema estratégico como éste, nuestra Presidenta pueda cometer un error por… mala asesoría; ella no puede ser la que restrinja en modo alguno la tutela de los derechos en materia colectiva o individual”, dijo.

López Hernández estimó que la dictaminación en comisiones podría ser el martes por la noche tras el cierre de las audiencias, o bien el miércoles, para someter el documento al pleno ese mismo día o el jueves.

Participan especialistas en audiencias públicas

En la primera jornada de audiencias públicas, Eduardo Andrade, director general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, señaló que el interés legítimo se desvirtuó, por lo que es correcta la iniciativa al respecto, es decir, podrá solicitar el amparo quien tenga una afectación real y actual.

Apuntó que esa figura se distorsionó y se convirtió en un procedimiento de búsqueda de decisiones de políticas públicas por medio de los litigios. El Poder Judicial, agregó, se excedió en sus facultades e incluso invadió tareas del Legislativo.

El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, aseguró que la propuesta presenta afectaciones al prohibir suspender actos que emprenda la Unidad de Inteligencia Financiera y actividades relacionadas con lavado de dinero.

Ulrich Richter Morales, abogado postulante, consideró que la definición del interés legítimo planteada en el documento no es restrictiva ni acota derechos de quienes defienden el medio ambiente, a los consumidores o a la comunidad LGBT.