La llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio ayer su primer revés a un recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido en 2022 por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, entonces encabezada por la hoy ministra María Estela Ríos González. En la sesión, la propia togada fue declarada legalmente impedida para intervenir en el asunto.

Por unanimidad de ocho votos, el pleno de la Corte confirmó una resolución del 8 de junio de 2022 del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ordenó a oficinas del Ejecutivo federal entregar a un particular la versión pública de 15 oficios, con nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes, así como datos de capacitación y adiestramiento de personal de la Secretaría de Marina, por considerar que gran parte de esta información ya era pública en comunicados oficiales y notas periodísticas.

En el recurso de revisión 4/2022, la Presidencia impugnó esa decisión, alegando que su difusión ponía en riesgo la seguridad nacional y debía reservarse, argumento que la Corte declaró infundado en un proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

“No comparto la idea que se ha manifestado en asuntos anteriores vinculados con la seguridad nacional –relacionados con la teoría del mosaico– de que se advierta un riesgo a la seguridad nacional en este caso concreto. En este asunto debemos partir de un hecho incontrovertible, toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público e, incluso, en la mayoría de los casos fue publicada por las mismas autoridades”, dijo Ortiz Ahlf.

El proyecto aclaró que eso no significa que hacer públicos nombres o adscripciones de mandos nunca represente riesgo, sino que cada caso debe evaluarse individualmente, y en éste la información ya era pública.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz avaló el proyecto, pero sugirió que la Marina valore qué datos testar “para evitar que se vulnere la seguridad nacional”.

En tanto, el ministro Irving Espinosa Betanzo consideró que los agravios de la consejería eran fundados, pero inoperantes, pues aunque se revocara la decisión del INAI, la información ya está publicada.

Antes, la ministra Ríos González planteó votar su impedimento, al reconocer que, como consejera jurídica, fue quien impugnó la resolución del INAI. “Estoy impedida o no, porque actué como representante de la Federación y el artículo 212 habla de que están impedidos quienes hayan sido apoderados o defensores en el asunto… entonces lo someto a su consideración”, expresó. Dicho impedimento fue avalado también por unanimidad del pleno.