La desaparición forzada de personas que defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente es una “preocupación mundial”, y en el caso de México se encuentran en “impunidad”, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.

En un informe publicado esta semana en el contexto del 60 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, el grupo de expertos independientes señala que recibió “información particularmente alarmante” sobre nuestro país y advierte la presunta participación del crimen organizado y el aumento de la violencia contra estos defensores y pueblos indígenas, quienes también enfrentan acoso judicial.

Asimismo, denuncia que estas desapariciones se dan a menudo en un contexto de colusión entre intereses económicos, autoridades estatales, empresas y el crimen organizado, con el objetivo de “proteger inversiones y ganancias”, con la aquiescencia del Estado, derivadas de las industrias extractivas, agroindustria, emprendimientos energéticos y proyectos de desarrollo.

El grupo de trabajo –integrado por cinco expertos independientes– refiere que entre 2012 y 2022, mil 733 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, un promedio de uno cada dos días. Sin embargo, advierte que “la falta de recopilación de datos sistemáticos oculta la magnitud real del problema y limita los esfuerzos de prevención y rendición de cuentas”.

En el documento Desaparición forzada en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente –elaborado con base en diversas consultas y la recepción de 31 comunicaciones de estados miembros del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de organizaciones sociales–, el grupo de trabajo expone el caso del abogado Ricardo Lagunes y el líder comunitario nahua Antonio Díaz, desaparecidos desde enero de 2023, y denuncia la omisión de las autoridades de centrar sus investigaciones en el “activismo ambiental” de las víctimas contra la minería.

Asimismo, menciona que recibió información sobre el hecho de que grupos del crimen organizado en Guerrero “actúan en colusión” con autoridades estatales para llevar a cabo desapariciones forzadas de personas que defienden sus tierras y recursos naturales.

El grupo de trabajo insta a los estados a prevenir, investigar y fortalecer los sistemas de justicia para garantizar la no repetición.