a falsificación de unos amparos a favor de dos hijos de Andrés Manuel López Obrador sin que existiera orden judicial en curso, sin que fueran mencionados en ninguna averiguación y, además, sin firmas de los representados o de su supuesto abogado, sirvió como fuente de una noticia falsa difundida por El Universal, Latinus y, una vez ya desmentida, hasta en primera plana del Reforma al siguiente día. La idea es vincular de alguna forma al ex presidente y a su familia con las investigaciones del contrabando de gasolina desde Texas. Y, para ello, levantaron amparos: para tener una fuente desde la que pudieran mentir.

Esta idea no es nueva en México: si la mentira no tiene fuente, hay que inventarla. El 9 de mayo de 2022, a un menos de un mes de las elecciones en Tamaulipas, alguien creó un portal llamado Dallas Chronicle, que simulaba ser un sitio de información. Tenía una sola “noticia”: la implicación de Morena con el huachicol, la desaparición de unos marinos, y unas supuestas cuentas en Holanda del entonces candidato Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas. El Dallas Chronicle desapareció al día de su nacimiento pero, con base en esa “noticia”, los dirigentes de Acción Nacional, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, pidieron la anulación de las elecciones en Tamaulipas. La “noticia” se presentó como evidencia en un juicio electoral y, con ello, quienes hayan estado detrás de esta falsificación –presuntamente el equipo de campaña del Truko Verástegui, tío de quien ahora planea registrar un partido político mexicano a nombre de Donald Trump– inauguraron la ficción procesal. Pero las fantasías legales sólo habían nacido. Ya cuando el Prian había perdido Tamaulipas, el 19 de septiembre de 2022, se publicaron en El Universal unos supuestos cables del entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, a la DEA en el que se avisaba en un inglés más desvalido que el de Peña Nieto, de una trama detectivesca: el cártel del Noreste y Morena tenía comisionados a unos marinos para que lavaran dinero para la elección del estado de México que se iba a realizar hasta el año siguiente. Si no habían servido para Tamaulipas, se podían utilizar en otra entidad. Según esos “cables”, la cuenta lavadora en Islas Vírgenes era del hijo –siempre son los hijos– de Américo Villarreal. Fue el propio Ken Salazar quien desmintió esos cables inventados: “No son de Estados Unidos y punto”, dijo. Lo curioso es que ambas noticias, la del portal que existió durante un día y la mentira de El Universal, siguieron apareciendo como válidas, no obstante que habían sido declaradas como mentiras. El efecto que quisieran lograr es que exista un telón de fondo, atmosférico, donde a Morena se le asocia con el huachicol y con actos sospechosos, si no comprobables, sí repetidos en los medios privados. El foco es Andrés Manuel y su familia porque es el combate al huachicol el que señala el punto más alto de su aprobación (80 por ciento) y su incorruptibilidad, su rasgo más entrañable para la mayoría de los mexicanos.

Esta vez existe un delito: alguien impersonó al abogado de Caro Quintero, Francisco Rodríguez Smith Macdonald para pedir los amparos porque, en una trama detectivesca, qué mejor que el litigante fuera alguien ligado al más conocido personaje del crimen organizado de México. Suplantar la identidad de alguien en un acto legal es un crimen. Los medios que lo difundieron, apenas minutos después de expedido el amparo en varios estados del país, tienen que ser parte de una red fraudulenta de confección de fuentes falsas. La discusión entonces ha querido llevarnos a debatir si los medios pueden ser castigados por sus falsedades. Ese es un debate que ya tuvimos a mediados del siglo XIX, entre la Ley Lares y la Ley Zarco, como bien lo ha estudiado Florence Toussaint.

Una, fue redactada, obedeciendo a Lucas Alamán, por Teodosio Lares, el ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos y Instrucción Pública de Antonio López de Santa Anna en su último periodo. Es 1853 y ahí se establece la censura previa, la posibilidad de encarcelar a los editores y de confiscarles sus imprentas, además de controlar a quienes venden los impresos. Ya Santa Anna no tuvo tiempo de usarla en todo su alcance, pero Porfirio Díaz se dio vuelo con ella. Lares fue parte del gabinete del fallido imperio de Maximiliano de Habsburgo y tuvo que exiliarse cuando Juárez expulsó al ejército invasor. Su ley establecía tres tipos de prohibiciones: contra los impresos subversivos, es decir, que eran contra la Iglesia católica, el gobierno y la vida personal de los gobernantes; sediciosa, que era publicar falsedades para provocar la desobediencia; inmorales, contra la decencia; injuriosas, contra la buena reputación; calumniosas, que agraviaran a personas o instituciones. Se basa en el principio de que no todo lo expresable puede ser benéfico para la nación y que hay quienes saben distinguir lo falso de lo verdadero por encima de los demás, y ese es el presidente Santa Anna. Lo defendible es la paz y la estabilidad, no la libertad. Del otro lado está la Ley Zarco, que garantiza la libre impresión sobre la base de un principio distinto al conservador: la autorregulación de verdad y mentira en un mercado de ideas. “Para la imprenta no hay mejor correctivo que el de la misma imprenta”, dirá célebremente Zarco. Alamán dirá lo contrario: “La imprenta no es más que un instrumento de delinquir como otro cualquiera”.

Aunque con bastantes vaivenes a la hora de implementar la libertad de imprenta –jurados ciudadanos que calificaban las publicaciones, jueces de sentencia, intromisión de los ayuntamientos– lo cierto es que esa libertad, la de expresión, es resultado de una lucha liberal y, luego, de izquierda. Sólo ha dependido de la autocontención que, desde 2018, no existe en muchos de los medios. Hay un público que sigue pensando: “¿Cómo puede ser mentira si es lo que yo pienso?”. Pero en el caso que nos ocupa, el de los amparos fabricados, existió el delito de suplantación de la identidad del abogado en cuestión. Y ese quizás sería una excepción: cuando la propia libertad incurre en un delito para hacerse pasar por la verdad. Lo que debe castigarse es el despojo, jamás la falsedad.