Luego de diferirse una vez más la audiencia de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, los fotógrafos que perdieron la vida durante el festival Axe Ceremonia, sus familiares se manifestaron en busca de justicia.

A cinco meses de la tragedia, manifestaron que la fiscalía capitalina se ha negado a señalar a los culpables y aseguraron que se está protegiendo a las empresas que organizaron el concierto en lugar de determinar su responsabilidad.

Un grupo de inconformes bloqueó la calle de Doctor Lavista justo frente a la puerta de acceso a las salas orales del Tribunal Superior de Justicia para exhibir pancartas donde se leía: “No más impunidad”, “Exigimos que se investigue a todas las empresas y organizadores que es-tuvieron involucrados en el evento”.

En el Congreso capitalino, el dipu-tado de Morena Paulo Emilio García González presentó un paquete deiniciativas de reforma en materia de protección civil a cinco ordenamientos para asegurar que no se re-pitan tragedias en espectáculos públicos masivos, como la que ocasionó la muerte de los fotoperiodistas.

Entre las propuestas está la incorporación de la figura de “espectáculo masivo” –que no existe en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México vigente– con un aforo igual o mayor a mil personas.

Establece la obligación de las alcaldías de contar con una unidad administrativa de verificadores especializados de espectáculos masivos, adscritos al área de Protección Civil, que deberán estar presentes al menos dos horas antes del evento, durante el desarrollo y dos ho-ras después.

“Nunca más en esta ciudad puede haber una chicanada de que no había nadie presente de la alcaldía para garantizar la seguridad y el respeto pleno a las disposiciones del programa especial de protección civil”, apuntó.

Plantea procedimientos administrativos en materia de protección civil para la celebración de dichos eventos e incorpora al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos como delitos y faltas graves, respectivamente, las omisiones en que incurran autoridades en sus funciones de verificación, supervisión e inspección, de los actos previstos en la ley para espectáculos masivos.