El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó ayer que no habrá parlamento abierto para analizar la reforma a la Ley de Amparo, anunció que generó rechazo en la oposición.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que una modificación de este tamaño “no puede discutirse al vapor”. Ante ello, el morenista resaltó que la iniciativa se aprobará a más tardar en la primera semana de octubre.

Por su parte, la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, resaltó la importancia de que se avale, pues forma parte del andamiaje jurídico que se desprende de la reforma judicial y está encaminada a evitar abusos con el juicio de amparo.

Pese a dichos argumentos, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, insistió en que es muy importante que una modificación como esa tenga un mecanismo de consulta, y que el proceso de dictaminación pueda abrevar de opiniones de expertos.

Señaló que los presidentes de las tres comisiones dictaminadoras están buscando un acuerdo para el desahogo de la propuesta en el que haya consulta o parlamento abierto. También se dialogará con la Jucopo para tratar de llegar a un consenso.

Agregó que algunos temas de la reforma son muy sensibles, por lo que consideró que es necesario refrescar el debate.

Entre ellos, refirió a la figura del “interés legítimo” ya que se puede caer en el riesgo de restringir a los colectivos el acceso a la justicia, o limitar la tutela efectiva de derechos difusos, como ocurre con los de materia ambiental.

Previo a la sesión del Senado, López Hernández subrayó que no habrá parlamento abierto porque “no podemos estar permitiendo que nos coman los tiempos”.

El también coordinador del partido guinda expuso que el juicio de amparo es uno de los símbolos de este país, y la iniciativa “está perfectamente condensada y adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial”.

Laura Itzel Castillo resaltó que la propuesta presidencial contempla que no se sobreutilice ese recurso, que se cumpla con el pago de impuestos y que se agilice el proceso.

En tanto, Ricardo Anaya consideró “gravísimo” que quieran aprobar al vapor una reforma “tan regresiva, dañina y nociva a los derechos de los ciudadanos”, y exigió que haya apertura en la discusión, que se escuche a especialistas, organizaciones de la sociedad civil, ejidatarios, grupos indígenas y comuneros”. El panista rechazó la negativa de López Hernández a que haya parlamento abierto y destacó que seguirá insistiendo en que se realice.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, ratificó su respaldo a dicho ejercicio porque el documento, tal como está, no deja de ser un retroceso en la protección de ciertos derechos y en el acceso al juicio de amparo.

“Es muy importante escuchar diferentes opiniones. A especialistas, barras de abogados o al Poder Judicial, para analizar cómo se puede mejorar esta iniciativa”, apuntó, tras exhortar a Morena a rectificar y abrir espacio para una amplia discusión.