Bogotá. El tribunal de paz de Colombia sentenció ayer por primera vez, y con la pena máxima, a 12 militares en retiro por el asesinato y desaparición de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, uno de los peores crímenes del conflicto armado.

Incluidos dos coroneles, los ex uniformados deberán realizar labores restaurativas para los familiares de las víctimas durante ocho años, de acuerdo con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del pacto con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Los ex militares reconocieron su responsabilidad en 135 homicidios y desapariciones forzadas entre 2002 y 2005 en la costa del Caribe del país, en un crimen conocido como falsos positivos.

Como parte de sus sanciones, los ex militares deberán apoyar a la construcción de memoriales y centros comunitarios en localidades indígenas del Caribe. Su movilidad será restringida a los sitios donde se lleven a cabo los trabajos de reparación.

Miles de jóvenes, en su mayoría pobres y desempleados, fueron asesinados de manera sistemática en medio de la ofensiva militar contra organizaciones ilegales como las FARC.

Con esos crímenes se buscaba inflar las cifras de éxitos militares, y a cambio los implicados recibían beneficios como días de descanso o condecoraciones.

Según la JEP, los principales responsables son miembros de las fuerzas militares, en ocasiones en alianza con otros grupos armados o civiles.

La sentencia puede ser impugnada y se tendrán en cuenta los años que algunos de ellos pasaron en la cárcel para la posible reducción de sus penas.

El tribunal documentó al menos 6 mil 402 casos de falsos positivos entre 2002 y 2008, durante la presidencia del derechista Álvaro Uribe, popular por su mano dura contra la insurgencia. El ex mandatario, crítico del acuerdo de paz, niega que estos asesinatos selectivos fueran una política de gobierno.

Acuerdan sustitución de cultivos ilícitos

En tanto, el gobierno colombiano y el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas activo en el país, culminaron la primera ronda de negociaciones en Qatar, en las que buscan la desmovilización del grupo armado y lograron acuerdos que incluyen un programa para sustituir cultivos ilícitos.

En una declaración conjunta, divulgada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, las partes indicaron que dieron inicio formal a las conversaciones para la desmovilización, luego de una etapa de acercamientos exploratorios.

El Clan del Golfo cambió de nombre a lo largo de los años, siendo el último el de Ejército Gaitanista de Colombia. Tiene presencia en cerca de un tercio del país, según la estatal Defensoría del Pueblo, y aproximadamente 9 mil integrantes, configurándose en la estructura ilegal más numerosa en la actualidad.

Así, el Clan del Golfo entra a la política de “paz total” del gobierno de Petro, con la que mantiene diálogo con grupos armados ilegales, sin lograr aún su desmovilización.

La primera ronda de negociación se llevó a cabo en la ciudad de Doha del 14 al 18 de septiembre, informó Qatar. Las partes acordaron celebrar una nueva ronda, pero la fecha no fue divulgada.