La familia de Mónica Ramón es una de las mil 874 damnificadas por el sismo de 2017 que aún no recuperan sus hogares, según cifras del gobierno capitalino, tras ser desplazadas de forma abrupta y repentina de sus hogares por los daños en sus viviendas.

Como muchas otras familias han resistido trámites, gestiones, reuniones y hasta juicios, reubicados con familiares, en arrendamientos o de plano con créditos hipotecarios adquiridos para otra vivienda.

Ese año sus hijos vivían su adolescencia con arraigo en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, cuando el sismo del 19 de septiembre los obligó a abandonar su hogar en Paseo de los Pirules 100.

Transcurridos ocho años están por salir de la universidad, residen en Benito Juárez y esperan por fin regresar el próximo año a su anterior domicilio al haber iniciado la reconstrucción del edificio hace unos meses tras sortear diversas dificultades. La cimentación está por concluir y la empresa prevé entregar los departamentos en noviembre de 2026, aunque cuatro de los vecinos de Mónica fallecieron en esta espera.

En Paseo de Pirules 100 hubo cambios de constructoras y enfrentaron amparos de vecinos, incitados por el actual diputado local del PAN, Ricardo Rubio, para impedir que el edificio se rehiciera con redensificación para financiar la obra en apoyo a los damnificados.

Otro caso es la familia de Guillermo, una de 36 del edificio La Morena 312, en la Del Valle Norte, Benito Juárez, quienes enfrentaron una demanda de la primera constructora, DITEC, que exigía el pago de 30 millones de pesos, no a la Comisión para la Reconstrucción que la contrató, sino a los damnificados. Esto paró el proyecto que se pudo reanudar con otra empresa hasta ganar el juicio en primera instancia.

Ahora, a afrontar gastos

En entrevista frente al edificio, prácticamente concluido con redensificación de seis a 12 pisos, dijo que en algún momento dio por perdido su patrimonio. Ahora le preocupa que no se ha logrado constituir el régimen de propiedad en condominio y cómo financiar las adecuaciones que tendrá que hacer al recibirlo en obra gris, que estima en unos 600 mil pesos. También aquí hay personas que han fallecido, entre ellas su padre y una hermana, así como otra vecina de quien no se ha logrado ubicar algún un familiar.

También en Benito Juárez, el edificio de Doctor José María Vértiz 1233, colonia Letrán Valle, debió ser demolido y las 14 familias vieron posponer su reconstrucción hasta enero de este año, con redensificación de diez a 12 pisos, por trámites burocráticos, proyectos de construcción y cambios de administración, señaló Héctor de la Cueva, quien forma parte además del Movimiento de Familias Damnificadas 19/S. En los dos pisos adicionales se construirán cuatro departamentos más que serán vendidos para recuperar costos.

Aquí también la historia se repite, las casi 30 personas que habitaban el inmueble tuvieron que rentar, viven con familiares y algunos murieron. No son casos aislados, agregó, más de 3 mil 500 familias que conforman el movimiento en alcaldías como Tláhuac, Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa esperan aun la entrega de sus viviendas.

El caso de Fernando Morales es diferente porque luego de que le retiraran los apoyos de renta y se demorara la rehabilitación integral de su vivienda, el padre de familia en compañía de su esposa y dos hijas regresó a la unidad Cananea, en Iztapalapa. Habitan el predio expuestos a que en caso de siniestro enfrenten un peligro de colapso por los daños que presenta su vivienda, que está muy cerca de una falla geológica.

Morales rechazó que sólo se arreglaran los daños visibles de la casa, porque en el suelo hay una grieta. Pedía que se hiciera un estudio integral para realizar la rehabilitación, pero a pesar de que en la pasada administración acordaron lo harían, las actuales autoridades de vivienda no tienen su registró como damnificado.

Verónica Rosas vivió el sismo de 2017 en su departamento, ubicado en avenida San Antonio Abad número 39. El inmueble fue declarado inhabitable. Los departamentos quedaron fisurados, las paredes dañadas y escaleras desprendidas, recordó la mujer de 72 años. Para la adulta mayor estos ocho años han sido difíciles tuvo que marchar, hacer guardias, asistir a juntas y una serie de actividades para la recuperación de su vivienda “porque había que apoyar”.

El edificio ya está concluido, se construyeron 60 viviendas, de las cuales 30 ya fueron asignadas y el resto las reclama una organización demandante de vivienda que ha impedido el regreso de los afectados.

Lo sacaron del censo

Un caso aparte son las 15 familias que habitaban el edificio de calle Oriente 150 número 288, en la colonia Moctezuma segunda sección, en Venustiano Carranza. En 2010 pidieron al Instituto de Vivienda expropiar el predio, tras fallecer su propietario en 1995, ante el desinterés de sus herederos por el inmueble, que sufrió daños estructurales por el sismo de 2017.

En el censo se le asignó el número de folio 11885 con cédula de evaluación postsísmica con dictamen de “edificación de riesgo alto”; sin embargo, la Comisión para la Reconstrucción en la pasada administración determinó sacarlo del censo por el antecedente de la citada gestión y porque sus habitantes son arrendadores.

Alfonso Calderón contó que al cerrar el albergue temporal del deportivo Moctezuma las familias se dispersaron con familiares y en departamentos rentados, aunque unas siete regresaron al inmueble a pesar del riesgo. Al no lograr su reincorporación al programa de reconstrucción, accedieron a inscribirse al programa de vivienda de interés social y popular. En junio de 2024 se publicó el decreto de expropiación y están a la espera de que el edificio sea demolido e inicie su reconstrucción.

En estos ocho años, la Comisión de Derechos Humanos capitalina inició 514 expedientes de queja relacionadas con el sismo y el proceso de reconstrucción, de los que 504 están concluidos y 10 siguen en trámite, señala un informe del organismo presentado por la comisionada, Nashieli Ramírez Hernández.

Explicó que las principales inconformidades se referían a solicitudes de apoyo para renta, emisión de dictámenes de inmuebles, falta de atención y obstáculos en el acceso a información: las alcaldías con mayor número de quejas fueron Cuauhtémoc, Iztapalapa y Benito Juárez, al concentrar 58.93 por ciento de las quejas.

Prevención insuficiente

Se emitieron las recomendaciones 12/2018 por insuficiente prevención y mitigación de riesgos y falta de información en la reconstrucción, con propuestas de protocolos y la 13/2018 por desplazamientos forzados derivados del sismo, en la que se sugirió alojamiento y apoyos temporales (renta, albergue y servicios) con criterios de prioridad.

A esta presentación asistió el director general Operativo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Víctor Fabián Olvera, quien recordó que el sismo de 2017 dañó más de 22 mil viviendas e informó que hasta la fecha se ha reconstruido y entregado más de 20 mil inmuebles a las familias afectadas, lo que representa un avance del 92 por ciento.