Factureras, cáncer para el país // Fruto prohibido del neoliberalismo // Cártel de la toga, cómplice
as empresas conocidas como factureras (aquellas que emiten “comprobantes” falsos para deducir impuestos, lo que golpea a las arcas nacionales, fueron calificados por el ex presidente López Obrador como uno de los “frutos prohibidos del neoliberalismo”, pues en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aquéllas crecieron exponencialmente, a la vista (y probablemente en connivencia) de las autoridades hacendarias, que en no pocos casos ampararon a todo tipo de delincuentes y de actividades ilegales, como lavado de dinero, amén, desde luego, de la defraudación al fisco.
El tabasqueño combatió frontalmente a esas empresas y a quienes a ellas recurrían para evadir al fisco; antes, y sólo por esa práctica, las arcas nacionales dejaron de percibir no menos de 350 mil millones de pesos por año. De hecho, en ese periodo el Servicio de Administración Tributaria (SAT, entonces a cargo de Raquel Buenrostro) puso en marcha un programa para detectar y erradicar ese tipo de “empresas”, detectar delitos y delincuentes e incrementar la recaudación.
Por aquellos ayeres, López Obrador denunció que “este mecanismo ilegal es utilizado por gobiernos estatales, funcionarios públicos, partidos políticos, periodistas, servidores públicos y muchos empresarios, que maquinaron todo este fraude con influyentismo; todos van a ser requeridos. No hay impunidad”.
De acuerdo con la información de entonces ( La Jornada, Dora Villanueva), desde que se puso en marcha ese programa “se han encontrado 10 mil 932 contribuyentes que simulan operaciones, lo cual, lejos de implicar una mayor recaudación, resta, pues emiten facturas sin actividad económica que respalde sus comprobantes fiscales, lo que a su vez permite a otras empresas deducir impuestos o bien facilita el lavado de dinero de actividades ilícitas”.
Raquel Buenrostro detallaba que “como parte de las investigaciones institucionales, se demostró el fraude de 43 factureras relacionadas con firmas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, en las que participaban 8 mil 202 personas, entre físicas y morales. El monto de las facturas falsas ascendió a 93 mil millones de pesos; si hubieran pagado IVA e impuesto sobre la renta (ISR), el erario habría captado 55 mil 125 millones de pesos sólo en el ejercicio fiscal 2017. Todas las empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea, clientes; 244 clientes de ellos compran en varias de las empresas factureras; en total se analizaron 22 millones de facturas”.

En el arranque del gobierno de López Obrador, el SAT detectó que entre 2014 y junio de 2019 se defraudó al fisco con 354 mil 512 millones de pesos, por medio de empresas que deducían con facturan falsas que amparaban operaciones simuladas. En junio de 2019 se acreditó la existencia de 8 mil 204 factureras; dos años después, ese número se había reducido en casi 34 por ciento.
El combate a estas prácticas ilegales funcionó muy bien… hasta que intervinieron los protectores de ésta y muchas más actividades ilícitas: los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Norma Piña a la cabeza, y de un plumazo detuvieron el programa gubernamental para localizar y sancionar a las factureras y a los evasores que a ellas recurrían, al tiempo que vetaron la prisión preventiva para los defraudadores.
De hecho, Raquel Buenrostro informó que “casi una décima parte de la plantilla que tenía el SAT al inicio de la presente administración federal ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República por presunta corrupción”. Como bien lo dijo en su momento el procurador fiscal de la Federación, “en gobiernos anteriores el SAT era un simulador y distractor de la lucha contra la evasión fiscal vía la emisión de facturas falsas”.
Pues bien, sirva lo anterior para contextualizar lo publicado días atrás por La Jornada (Fernando Camacho Servín): “Las factureras son un cáncer económico para el país, pues se calcula que el daño causado al emitir comprobantes fiscales por obras o servicios nunca realizados podría ser de entre 3 y 4 billones de pesos, alertaron expertos en un foro sobre evasión fiscal realizado en la Cámara de Diputados; legisladores de Morena informaron que el Ejecutivo enviará al Congreso una serie de iniciativas para actualizar el Código Fiscal de la Federación y combatir la facturación falsa (la cual está controlada por una casta muy peligrosa de políticos y criminales) con toda la fuerza del Estado”.
Las rebanadas del pastel
Llegamos al 215 aniversario del inicio de la Independencia. Entonces, que no quede duda: ¡Viva México, cabrones!
X: @cafevega