esde que en México la legitimidad política de los gobernantes se da mediante procedimientos electivos, no han faltado las reformas para encontrar los procedimientos que permitan a la sociedad participar en las decisiones políticas fundamentales.

La realidad histórica es catastrófica: a la ciudadanía durante muchos años, con excepciones contadas, sólo se le ha permitido participar para legitimar decisiones que nunca se le consultaron o simplemente ser observadora del reparto del poder. Por ello, alienta lo que hace días la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó: la reforma electoral que se discutirá ampliamente a partir del mes próximo es “una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país para dejar atrás el viejo orden, con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política”.

Para entender lo señalado por la responsable de la política interna de nuestro país, es necesario explicar que los últimos 50 años de la vida política mexicana y la crisis padecida se caracterizan, sobre todo desde la década de los años 80, porque los gobernantes mexicanos se convirtieron en subalternos de los intereses del mercado de capitales privados.

Se tiene que seguir reiterando que el proyecto neoliberal en la economía nacional derrumbó casi todo. El poder económico no sólo doblegó a la política, sino que intervino controlando las políticas sociales, en perjuicio del trabajador y de sus derechos elementales. Se creó un sistema que benefició a muy pocos a costa de las mayorías.

Hoy, cuando lo más moderno y progresivo de nuestra historia es el proyecto de bienestar social que impulsa el Estado, se vuelve trascendental y necesario construir nuevas instituciones políticas e instaurar un novedoso modelo democrático donde se procure la defensa de los intereses generales.

Los dirigentes de los partidos de oposición no se han percatado que su debilitamiento y desfiguros constantes es solo consecuencia de haber hecho a un lado la política. Su innegable papel en la corrupción sin límite, beneficiando sólo a los intereses privados, provocó un desprestigio generalizado hacia ellos y, obviamente, de toda la clase política.

Recuperar la confianza ciudadana ha sido todo un reto para el régimen actual. Hasta el año 2018 se tenían los índices más bajos de popularidad para los políticos. Principalmente los dirigentes priístas y panistas, envueltos en todo tipo de corruptelas, fueron más desautorizados por la ciudadanía crítica.

Por incapaces, pero sobre todo por someterse como nunca a los intereses del capital privado, la oposición partidaria en México es de alcance limitado. Se han convertido en organismos ominosos. De ahí su fracaso electoral desde 2018.

Por ello, la reforma política que viene deberá superar las viejas maneras de que solo se cambian las reglas y mecanismos para alcanzar y detentar el poder. La próxima reforma deberá incidir como nunca en la evaluación crítica sobre el pleno ejercicio del poder. Las decisiones políticas ya no pueden ser sólo esfuerzos individuales o partidarios. El apoyo popular que requiere el nuevo gobernante transformará a las decisiones del poder público en propuestas de cambio reales.

Involucrar al ciudadano para acompañar las decisiones públicas sólo se puede construir novedosamente: a) reformando la Constitución y las leyes federales de consulta popular y revocación del mandato, aceptando que la ciudadanía pueda opinar en los temas de materia electoral (inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo y libertades políticas, por ejemplo) y, b) impulsando reformas al marco legal de la revocación de mandato a fin de someter a ella a todos los gobernadores y presidentes municipales electos por voto popular.

La reforma política que viene deberá también contener una serie de límites constitucionales para que Morena y sus aliados de ahora y futuro no se dirijan a un escenario contrario a la pluralidad. Se requieren una serie de adecuaciones a las leyes electorales para que la mayoría política no se vuelva omnipotente, sino sea leal e institucionalmente respetada y respetable.

Los intentos de ser un poder absoluto deben ser frenados por un nuevo estado de derecho donde se legisle para tolerar la eventualidad de sustituir bajo leyes claras a quien hoy es mayoría. El respeto a las buenas prácticas en materia electoral es un sello que caracteriza al actual régimen mexicano. La posibilidad de crear un nuevo sistema político progresista y moderno es reto para todos. Quien no esté empeñado en ello se borrará de la historia

* Investigador titular del IISUNAM