Quito. Con la destitución de los principales comandantes de las fuerzas armadas, a pocas horas del arribo a Quito del secretario de Estado, Marco Rubio, además de los acuerdos para financiar la compra de drones y asistencia estratégica estadunidense, el ministerio de Defensa de Ecuador explicó este miércoles las acciones de una “nueva fase en esta guerra que comienza hoy”, dentro del llamado “conflicto armado interno”.

Esta nueva estrategia apunta a la eliminación de cabecillas, la destrucción de maquinaria, combustibles e infraestructura usada en la minería ilegal, la neutralización de vehículos, bodegas y material vinculados al robo y contrabando de combustible.

“Tras el reciente cambio de cúpula se abre un ciclo de conducción que va más allá de la operatividad, con una transformación en la planificación y focalización de las acciones militares, articuladas en tres ejes: control territorial y ofensiva directa, fortalecimiento de la inteligencia y operaciones especiales, así como neutralización y eliminación de objetivos”, dice el comunicado tras la reunión sostenida por los nuevos comandantes del ejército, la marina y la aviación, además del jefe del comando conjunto.

Los firmantes indican que se reunieron “para delinear las directrices que marcarán esta nueva fase de la guerra”, después de “meses de duros enfrentamientos, la experiencia adquirida en el terreno y los golpes propinados a las estructuras criminales (que) han revelado una verdad ineludible: el enemigo cambia de rostro y busca adaptarse”.

El jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, general de ejército Henry Delgado Salvador, explicó: “Esta nueva fase exige medidas de cumplimiento inmediato y resultados efectivos, porque la meta es una sola: devolver bienestar, seguridad y paz al pueblo ecuatoriano. La consigna frente a las amenazas es clara: la cárcel o el infierno”.

El otro punto crítico de la inseguridad en Ecuador ha sido la vulnerabilidad de las cárceles, convertidas en los centros de operaciones de los grupos delictivos; por ello, en el comunicado se remarca: “la estrategia incorpora una atención prioritaria al control de los centros penitenciarios bajo responsabilidad de las fuerzas armadas”.

Y no deja de lado el tema más sensible que afecta a la imagen de los militares y del mismo gobierno: la participación de uniformados en los actos delictivos, la fuga de capos del narcotráfico de las cárceles y la participación en el robo de combustible (huachicoleo): “A esto se suma una política de cero tolerancia a la corrupción, con depuración institucional y mano dura internamente”.

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