Encuentro de rectoras y directoras en feria del libro

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 16
En el ámbito escolar, la prevalencia de los diferentes tipos de violencia alcanza hasta 32 por ciento contra las mujeres, y lo más grave es que cerca de 70 por ciento de éstas admiten no conocer la existencia de protocolos o medidas para atender esa problemática en sus instituciones, alertó la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Rosa María Torres.
En el Encuentro de Rectoras de Universidades y Directoras de Instituciones de Educación Superior, que se llevó a cabo en el contexto de la Feria del Libro de las Universitarias y Universitarios de la UNAM, Torres señaló que pese a lograr la paridad entre los estudiantes de licenciatura, todavía hay mujeres que no acceden a este nivel académico, sobre todo en municipios, donde no hay instituciones de nivel superior cercanas.
Ante esta situación, la UNAM ofrece cursos en materia de género tanto para alumnos como para docentes y trabajadores sindicalizados. Éstos últimos han sido denunciados por los estudiantes por dirigirse hacia ellos con estereotipos que la propia institución trata de erradicar, pero que siguen vigentes en la formación del personal administrativo.
Sobre la ruta o protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género, la universidad nacional ofrece un número telefónico (55 41616048), en el que pueden pedir asesoría, también está disponible la página defensoria.unam.mx, donde se llena un formulario o pueden escribir al correo genero@defensoria.unam.mx para exponer su caso.
Hecho el primer contacto, una trabajadora social debe contactar a la denunciante y asignarle un sicólogo y una abogada para que atiendan su caso específico. La denunciante debe firmar su testimonio electrónicamente para acreditar su identidad y vínculo con la universidad.
Luego, la defensoría redactará y enviará un oficio a la autoridad con el testimonio y las medidas de protección, además de que deberá notificar a los acusados y comenzar el procedimiento en el que se le puede o no sancionar con amonestación, suspensión, expulsión o rescisión.
Este protocolo tiene que llevarse a cabo para que se cuente con legalidad, ya que las denuncias sin sustento jurídico no tienen seguimiento.