En su primera semana de “puertas abiertas”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió un inédito ir y venir de protestas, apoyos y solicitudes a los nuevos ministros, en una dinámica similar a la que se estableció en Palacio Nacional desde 2018, tras la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Desde el lunes, la puerta principal de la sede del máximo tribunal –abierta el 1º de septiembre después de casi tres años– se convirtió en punto de encuentro de sindicatos, colectivos y ciudadanos que exigieron audiencias y justicia. La efervescencia llevó al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz a salir del edificio a dialogar con la gente, separados por vallas metálicas.

La primera movilización se registró a las 5 horas, con numerosos grupos de civiles –muchos de pueblos indígenas– que llegaron a respaldar a los ministros electos; al mediodía, el Sindicato Mexicano de Electricistas entregó un documento solicitando audiencia y repartió volantes con sus demandas.

Más tarde, 90 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra arribaron desde Atenco con machetes y lonas, mientras 20 trabajadores del IMSS protestaron en calles aledañas. Por la tarde, “Resistencia Civil MX” instaló un plantón sobre Pino Suárez con pancartas y consignas como “Bastón del acordeón, fraude nacional”. Al cierre del día, la policía capitalina estimó cerca de mil personas congregadas pacíficamente, con apenas una decena de opositores.

El martes, Silvia Castillo, madre del joven Alan, asesinado en San Luis Potosí, se semidesnudó en la recepción de la Corte para exigir justicia y el miércoles un padre denunció negligencia médica hacia su hijo Ramsés Olmedo Pimentel, operado en 2010 en el Teletón, donde afirmó que le intervinieron la pierna equivocada.

Ese mismo día, Jorge Arriaga, ex trabajador de la Corte, junto a un grupo de personas protestaron contra el gobierno mexicano y la reforma judicial, con consignas como “S.O.S. Estados Unidos de Norteamérica”, “S.O.S. Marco Rubio” y “No a la dictadura”.

El 4 de septiembre, unos 60 vecinos de Ecatepec encabezados por la diputada Miriam Silva exigieron atraer amparos para garantizar agua potable y drenaje y reclamaron el cumplimiento de sentencias.