A 24 años del asesinato de la abogada y activista Digna Ochoa, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) no ha sido cumplida por el Estado mexicano: de las 14 medidas de reparación ordenadas hace cuatro años, sólo una ha sido ejecutada, denunciaron familiares y organizaciones defensoras de las garantías fundamentales que acompañan el caso.

Soledad Sánchez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo que sólo se ha cumplido con el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa pública del Estado mexicano a la familia de la defensora, ultimada con un balazo en la cabeza en su despacho, en la Ciudad de México, el 19 de octubre de 2001.

En conferencia de prensa, exigieron el cumplimiento de las otras 13 medidas de reparación, algunas de las cuales no tienen ningún avance.

Más grave, dijo, los plazos estable-cidos por la Corte Interamericana para su cumplimiento ya vencieron.

Jesús Ochoa, hermano de Digna, reprochó que aun cuando la sentencia ordena que se reabra el caso y se indaguen “exhaustivamente” los hechos, hay “mucha omisión”.

Demandó que se investigue a los ex funcionarios involucrados en el caso, particularmente a Renato Sales Heredia, quien –señaló– en diciembre del 2021 “fue el creador de la hipótesis del suicidio simulado”.

Pidió a “la Cuarta Transformación que no sólo sea benefactora de obras, sino también de justicia”.

De las 14 medidas de reparación, cinco están dirigidas a la familia de la activista; las nueve restantes responden a la necesidad de generar cambios estructurales para la no repetición de este tipo de hechos. De estos puntos, ocho están “en absoluto incumplimiento” y uno de manera parcial, puntualizó.

Falta la adopción de un protocolo de investigación para estos crímenes y ataques, así como fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección a defensoress y periodistas.

Saulo Loya, integrante del Espacio OSC, que agrupa a organizaciones de derechos humanos, indicó que desde 2016 han sido asesinadas 177 personas defensoras y 88 periodistas. De los ataques, 47 por ciento han sido perpetrados por funcionarios públicos.