once meses de haber recibido la banda presidencial, Claudia Sheinbaum ha presentado su primer Informe de gobierno destacando los avances que han distinguido su primer tramo al frente del Poder Ejecutivo de nuestro país. Esta coyuntura nos invita a hacer una revisión crítica del desempeño de este gobierno en la dimensión sustantiva de los derechos humanos.

No sería pertinente analizar este primer año de gobierno sin considerar las herencias que recibió del sexenio anterior. En tal sentido, cabe recordar que Sheinbaum llegó a la Presidencia con una gran legitimidad democrática, acreditada no sólo por su contundente victoria en las urnas, sino también por su alta aprobación en la percepción social heredada del sexenio pasado y sostenida hasta la fecha con cifras que rebasan 70 por ciento de conformidad. A ello hay que sumar la gran concentración del poder que ha construido Morena en los tres poderes de la Unión.

Sin embargo, a la par de este caudal tan favorable, el actual gobierno ha heredado también márgenes muy estrechos en las finanzas públicas, que han acotado sus alcances presupuestales, los cuales se antojan insuficientes para sostener la diversidad de apoyos sociales generados durante los últimos siete años. También añaden complejidad al gobierno de Sheinbaum las patentes divisiones internas en Morena y las expresiones de incongruencia de varios de sus integrantes más conspicuos con los principios éticos postulados en el discurso del movimiento, entre los cuales resultan altamente incompatibles los casos de opulencia, corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado de los que la prensa ha dado cuenta en fechas recientes.

Respecto de la agenda política recibida por la Presidenta, es patente que ha mantenido una línea de continuidad con la agenda de reformas estructurales anunciadas por su antecesor desde inicios de 2024 y que han ocupado casi por completo la escena pública en los meses recientes, especialmente la reconstitución del Poder Judicial, la militarización de la seguridad y el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos.

En este entorno político es posible identificar algunas luces dignas de destacar en este primer año de gobierno. Sin duda, la disminución de la pobreza es el principal logro que debemos reconocer a éste y el anterior sexenio, con una disminución de los índices de pobreza en alrededor de 12 por ciento, de acuerdo con las últimas cifras presentadas por el Inegi. Dichas estadísticas demuestran que la agenda de fortalecimiento de derechos laborales, el incremento salarial y la diversificación de programas sociales han provocado resultados tangibles en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En este mismo rubro hay que incluir el anunciado Programa Nacional de Vivienda, al que habrá que observar muy de cerca para evaluar su implementación y resultados.

Entre los signos adecuados también hay que anotar el Plan México, cuyo enfoque pretende el sostenimiento de la estabilidad económica en tiempos de volatilidad e incertidumbre como los actuales. En el mismo sentido, es justo reconocer el manejo prudente y estratégico del diálogo político en la relación México-Estados Unidos, cuidando la estabilidad política y económica del país frente al continuo golpeteo discursivo del gobierno de Donald Trump.

En cuanto a los elementos preocupantes del actual gobierno, y muy en línea con análisis que previamente hemos hecho en este espacio, nos encontramos con un sector salud pauperizado, rebasado en sus capacidades y desabastecido. En condiciones similares, aunque con menor gravedad, encontramos el sector educativo, en el cual los esfuerzos gubernamentales, basados en programas de becas, no han sido lo suficientemente eficaces para ampliar la cobertura, accesibilidad y calidad del sistema educativo de nuestro país.

Asimismo, respecto de derechos que han sido históricamente vulnerados en nuestro país, advertimos que la agenda de víctimas sigue sin ser enteramente atendida para garantizar condiciones de seguridad y justicia. Si bien es cierto que las cifras demuestran una disminución ligera en la violencia letal, también es cierto que la sociedad mexicana ha presenciado los últimos años una dinámica de incremento de la crueldad visible en diversas expresiones como la desaparición de personas, los feminicidios y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Mientras tanto, en el rubro del urgente abatimiento de la impunidad y la corrupción no se advierten avances sustanciales ni cabe esperarlos próximamente, pues la reforma judicial no contó con un análisis integral que permitiera asegurar un efectivo combate a la impunidad, al tiempo que se ha continuado con el desmantelamiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

La libertad de expresión sigue siendo un gran motivo de preocupación debido a que continúan ocurriendo frecuentes hechos de agravio a periodistas y organizaciones; también se generaliza la operación de mecanismos formales e informales de control de los medios, especialmente en los estados. Recientemente, Artículo 19 reportó el incremento del acoso judicial contra periodistas, con 51 casos registrados en lo que va del año.

Mientras tanto, la agenda migratoria continúa con el enfoque prohibicionista impuesto por Estados Unidos, acentuado por la militarización de su instrumentación por medio de la Guardia Nacional.

Con todo, este segundo año será crucial para determinar el rumbo del actual sexenio, toda vez que se reduzca la dependencia del gobierno con los compromisos heredados del sexenio anterior, pero también frente al devenir de una creciente complejidad política marcada por una coyuntura interna de márgenes estrechos y fracturas que parecen inminentes, y de un entorno internacional en creciente tensión. Mientras tanto, es responsabilidad nuestra, como ciudadanas y ciudadanos, seguir atentos al desempeño del gobierno y vigilantes de la debida garantía de nuestros derechos humanos y del cuidado de los indispensables fundamentos de la convivencia democrática.