Taissia Cruz Parcero renunció a la dirección del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), organismo dependiente del Poder Judicial, luego de dos años y medio en el cargo, que debía concluir en 2026. El jueves pasado se reintegró a su plaza de magistrada en el octavo tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México.

En enero de 2023, por decisión de Norma Lucía Piña, entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Taissia Cruz, opositora a la reforma judicial, fue designada titular del IFDP en sustitución de Netzaí Sandoval Ballesteros. La Ley Federal de Defensoría Pública señala que el nombramiento de director general dura tres años con posibilidad a una relección.

De acuerdo con las normativas del IFDP, el titular de la Unidad de Defensa Penal, Juan Alexis Rojas Hernández, –quien fue secretario de Cruz Parcero en dicho colegiado antes de asumir la titularidad de la defensoría pública– quedará de encargado de despacho hasta que el nuevo Poder Judicial realice el nombramiento. Trascendió que también dimitió a su cargo la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Jaquelín Sáenz Andujo.

En octubre de 2024 Taissia Cruz presentó al Senado un escrito donde declinó participar en la elección judicial. Argumentó que creía en la independencia de los jueces y en la defensa de los derechos humanos.

El miércoles pasado señaló en sus redes sociales que concluía sus funciones como directora del IFDP y que “la defensoría federal es una institución fuerte que da resultados en favor de los derechos de las personas. Hago votos para que quienes nos sucedan tengan la sabiduría de seguir fortaleciéndola y de trabajar sin mayor interés que el de las personas usuarias”.

La magistrada también envió una carta de agradecimiento a los trabajadores del IFDP: “El lunes pasado comuniqué a la Junta Directiva que el Consejo de la Judicatura Federal acordó favorablemente la solicitud que presenté paradar por concluida mi comisión de directora general del instituto”.

Agregó que desde el 28 de agosto se reintegraba al tribunal de su adscripción, en el que espera concluir su carrera como magistrada federal en 2027 “siempre que existan condiciones para hacerlo con independencia, autonomía y dignidad”.

Hasta diciembre, el instituto contaba con 886 defensores públicos federales (578 hombres y 308 mujeres), quienes brindan servicios de representación penal en las 32 entidades. Todos habilitados para actuar en el sistema penal acusatorio. En los centros de justicia penal federal laboran 295 defensores públicos.

En 2023 y 2024 la defensoría pública promovió 4 mil 502 solicitudes de revisión de la prisión preventiva oficiosa de las que resolvieron mil 810 a favor.

Igualmente, en este periodo se registraron 95 mil 744 aceptaciones de defensa de personas en el sistema penal acusatorio con 22 mil 471 resoluciones favorables, y la formalización de 17 mil 202 mecanismos alternativos de solución de controversias.

Adicionalmente, la defensoría atendió 6 mil 135 representaciones en causas penales conforme al sistema penal tradicional, obteniendo 524 resoluciones favorables.