En noviembre de 2024, Yolanda Rosales Martínez se cayó en las escaleras de su centro de trabajo. Desde entonces, tuvo licencias ininterrumpidas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), hasta el 3 de junio pasado, cuando decidió reincorporarse a laborar porque llevaba cuatro meses sin recibir su salario, a pesar de que la dirección de pensiones acreditó que su accidente fue un riesgo de trabajo.

Acudió a los servicios de salud, donde diagnosticaron contusión de rodilla izquierda y muñeca derecha. Al mismo tiempo, Rosales inició el trámite para acreditar el riesgo de trabajo, mismo que obtuvo el 21 de febrero de 2025.

El oficio número SDP/DPSH/RH/680/2025, cuya copia está en posesión de La Jornada, notifica la procedencia del riesgo de trabajo, la cual fue certificada por la doctora de medicina del trabajo, Igduara Elena Gómez Reyes, desde el 17 de diciembre de 2024. El documento señala que las licencias médicas por esa patología “serán pagadas por la dependencia con 100 por ciento de salario”, con base en la ley del Issste.

Pero, de manera inexplicable, ese mismo día, la dirección de pensiones emitió otro oficio en el que la doctora Gómez Reyes, elaboró el “alta administrativa sin secuelas valuables”, por lo que Rosales tendría que haber reiniciado labores el 5 de diciembre de 2024, es decir más de dos meses antes de la notificación del oficio SDP/DPSH/RT/685/2025 y señala que con esto se da “por terminado el caso”. Ambos oficios están firmados por Gloria Noemí Ríos Cejudo, encargada del departamento de pensiones, seguridad e higiene.

Dicho trámite no tomó en consideración que los médicos del instituto consideraron que Yolanda tenía que continuar con las licencias, ya que los daños por la lesión persistían, al grado de necesitar una intervención quirúrgica para realizar una artroplastia total de rodilla izquierda; esto es, un remplazo de la zona afectada.

La cirugía se realizó el 20 de marzo de 2025, por lo cual los especialistas emitieron una serie de licencias médicas, pero, desde que ocurrió el accidente, casi todas fueron por enfermedad general. Sólo dos señalan que la incapacidad es por riesgo de trabajo.

Rosales Martínez ha acudido a las oficinas administrativas del Issste sin obtener respuesta a su demanda. El instituto tampoco atendió la solicitud de información de este diario.