La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para cerrar hoy un ciclo de tres décadas marcado por sentencias relevantes para la vida pública del país, pero también polémicas, así como omisiones y choques con los poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre todo a raíz de la llegada de la llamada Cuarta Transformación al gobierno federal.

“Fue una Corte confeccionada por el Prian. Es una Corte de la llamada transición a la democracia”, señaló Jaime Cárdenas Gracia, académico e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El modelo de este máximo tribunal estuvo vigente desde la reforma constitucional impulsada por el presidente Ernesto Zedillo en 1994, en plena inestabilidad política, social y económica tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el levantamiento zapatista y la devaluación del peso conocida como “error de diciembre”.

El 5 de diciembre de 1994, apenas cuatro días después de asumir la Presidencia, Zedillo presentó su iniciativa de reforma judicial, aprobada de forma expedita por PRI y PAN. Promulgada el 31 de diciembre y vigente al día siguiente, redujo la Corte de 26 a 11 ministros y la convirtió en órgano de control constitucional con facultades para fungir como contrapeso político. Su transición dejó casi un mes inoperante al tribunal.

En su legado destacan resoluciones y precedentes claves en materia de aborto, feminicidio y matrimonio igualitario, entre otras. Sin embargo, también fue objeto de cuestionamientos tras deliberar sobre casos como la matanza de Acteal, el incendio en la guardería ABC y la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.

“Hubo cosas positivas que se hicieron. En la agenda de derechos humanos, en materia de derechos de género y de infancias; en lo que se llama ahora el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, sí resolvía temas cuando no afectaban el modelo económico”, explicó el investigador a La Jornada.

La Corte frenó reformas y decretos presidenciales –sobre todo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador– y la mayoría de ministros rechazó la reforma de 2024 que, desde mañana, transformará de fondo al Poder Judicial de la Federación (PJF). También fue señalada por nepotismo –documentado por la Auditoría Superior de la Federación en 2018–, por resistirse a renunciar a prestaciones ilegales y a reducir sus salarios conforme al tope constitucional.

En su último tramo, el máximo tribunal fue encabezado por la ministra Norma Piña Hernández. Su gestión quedó marcada por el escándalo en 2024 a causa de una reunión privada, nunca aclarada, con el dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas y magistrados electorales durante los comicios presidenciales, y por la ruptura del PJF con el Ejecutivo y Congreso federales.

La nueva etapa

Mañana comenzará funciones la nueva Corte, presidida por Hugo Aguilar Ortiz y primera en ser elegida por voto popular en la historia. Recibe un rezago de más de mil 500 casos, entre ellos litigios fiscales de Grupo Salinas por 35 mil millones de pesos.

En tres décadas, el alto tribunal emitió fallos relevantes: que los tratados internacionales están por encima de leyes federales, pero debajo de la Constitución (1999); la despenalización del aborto en la Ciudad de México (2008); reconocimiento de la obligatoriedad de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh, 2011); que un proceso penal puede anularse si hubo irregularidades; al analizar el caso Cassez (2013), y al establecer el derecho de personas trans a cambiar nombre y género sin juicio (2018).

Cárdenas Gracia recordó resoluciones polémicas, como en el caso de la guardería ABC, que se incendió y causó la muerte de 49 niños y heridas a 106. La Corte decidió no fincar responsabilidades a funcionarios por violaciones graves de derechos, limitándose a señalar a los involucrados.

Esta Corte ha sido acusada además de complicidad con Presidentes de la República. “En la época de Zedillo, la Corte avaló la reforma al artículo 27 en materia agraria, la reforma agraria de Salinas, las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, la militarización del país, y llegó a discutir los poderes del Ejército en materia de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón”, detalló.

Con Zedillo, la SCJN emitió resoluciones sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que limitaron la fiscalización y transparencia del rescate bancario de 1995. Por ejemplo, en la controversia constitucional 26/99 determinó que la Auditoría Superior de la Federación carecía de facultades para revisar las operaciones del fondo.

En 1998, al resolver la contradicción de tesis 31/98, el tribunal constitucional estableció que el llamado “anatocismo” –cobro de intereses sobre intereses– está prohibido en México, pues no es válido pactar desde el inicio de un contrato la capitalización de intereses; sin embargo, sí es permitido que, una vez vencidos los intereses, las partes acuerden expresamente su capitalización.

En tiempos de Vicente Fox, la Corte validó el desafuero contra el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, en 2005, hecho que el tabasqueño calificó de “complot político” para impedirle ser candidato presidencial en 2006.

Durante el gobierno de Calderón, la SCJN limitó el alcance de la jurisdicción militar en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, al determinar que los delitos cometidos por militares en perjuicio de civiles debían ser juzgados en tribunales ordinarios y no en el fuero castrense. No obstante, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México criticaron que el tribunal no convirtiera este criterio en jurisprudencia obligatoria, lo que limitó su alcance.

En el sexenio de Peña Nieto, el máximo tribunal dejó vigentes las llamadas reformas estructurales. Desechó decenas de amparos de maestros de escuelas públicas contra la modificación constitucional en materia educativa y en 2014 también rechazó la solicitud del entonces ex candidato presidencial López Obrador, quien pedía a la Corte pronunciarse si procedía una consulta popular sobre la reforma energética.

Choque frontal

Con López Obrador, el choque fue frontal desde un principio, pues frenó el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; invalidó el paquete de seis reformas llamado plan B del gobierno, que entre otros cambios acotaría recursos y facultades al Instituto Nacional Electoral; bloqueó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y anuló el decreto que declaraba de “seguridad nacional” los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno.

La Corte también admitió revisar la constitucionalidad de las 20 reformas impulsadas por el Ejecutivo, aprobadas en paquete por el Congreso el 28 de abril de 2023, que incluyen la desaparición del Insabi y la ley fentanilo, que llevó a López Obrador a acusarla de actuar como un “poder conservador”.

Al año siguiente, la mayoría de ministros se opuso a la reforma judicial enviada por López Obrador el 5 de febrero y promulgada meses después, el 15 de septiembre, que redujo la Corte a nueve integrantes, eliminó salas, instauró la elección popular de jueces y sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos órganos.

El tribunal también dejó huella en derechos humanos: en 2009 reconoció la obligatoriedad de las sentencias de la Coridh en el caso Radilla, pero cierra su ciclo omitiendo acatar, en lo que compete al PJF, la sentencia García Rodríguez y otro vs. México (2023), que declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.