Celebremos el doctorado honoris causa otorgado al doctor José Sarukhán por nuestra Universidad Nacional

gualar hacia arriba, no hacia abajo”, solía decir nuestro hombre de letras y las letras, don Alfonso Reyes. Su consigna debería conformar toda una estrategia y hasta un programa de gobierno con mirada civilizatoria ahora que, gracias a la abrumadora numeralia que nos obsequia Inegi, tenemos que reconocernos como sociedad con muchos pobres y trabajadores informales.

Tenemos más de dos décadas con millones de mexicanos pobres y vulnerables y para quienes no hemos sido capaces de erigir un genuino Estado de Bienestar que les proteja en la salud y la enfermedad, así como en la educación.

Constatar esas y otras brechas mayores no tiene por qué impedirnos reconocer avances en la reducción del número de pobres; tampoco su celebración tendría por qué satanizar a críticos y estudiosos que nos advierten de la labilidad de estas y otras “proezas” que no dan alivio en cuanto a la obligación de reconocer que, tras largos lustros de estudio y formulación de programas, la faz de nuestra nación sigue cruzada por esas bochornosas dimensiones.

La presentación oportuna de Inegi de sus primeras cifras de la pobreza, una vez asimilado el agresivo retroceso gubernamental al haber desaparecido el Coneval y sus buenos oficios analíticos y reflexivos, debería llevarnos a un replanteamiento de visiones y esbozos de política, por ejemplo recuperar aquella fórmula de “políticas de Estado” con la que desde el propio Consejo Consultivo del Pronasol, muchos, entre ellos Armando Labra a quien siempre recordamos, buscábamos superar las insuficiencias que calificaban aquel programa con el que el presidente Salinas y sus colaboradores querían compensar los muchos daños sociales derivados del cambio estructural traducido en un Tratado de Libre Comercio.

No sobra apuntar que dicho cambio estructural, concretado en célebre documento trinacional, no fue “culpable” de tanto perjuicio en nuestra estructura social, ni nos impedía inventar políticas de fomento para aprovechar las ventajas de aquella apertura al mundo; el tratado tampoco imponía o impedía la atención de gobiernos y empresas respecto de la cuestión social, que irrumpía de las crisis financieras y económicas junto con los impactos de la ilusoria “Gran Transformación” pretendida por los gobiernos de entonces…y ahora. Lo que no hubo, ni hay, son políticas pertinentes ni diálogo nacional para rediseñar las políticas.

Podríamos añadir ahora, que es buena noticia que el tema social regrese por sus fueros y que cobre la centralidad que debería tener. No sobra insistir: es en la dimensión que llamamos “lo social” donde radica la posibilidad de rencontrar los trazos de un proyecto nacional y restructurar nuestra democracia.

Por estas y otras razones es necesario seguir subrayando: México necesita emprender un nuevo curso de desarrollo, entendido como una combinación de crecimiento económico con redistribución social. Para ello, urge revisar y fortalecer el papel del Estado que se convirtió en leyenda negra y tema tabú. Al negarse militantemente a emprender una reforma fiscal y tributaria que desemboque en una genuina reforma hacendaria, se acepta la austeridad como dogma.

A la reproducción ampliada de las carencias primordiales en atención y acceso a los derechos sociales consagrados en la Constitución se suman brechas derivadas de una infraestructura maltrecha, desatendida desde hace tiempo por falta de inversiones públicas. Lo anterior deriva en una ecuación endiablada: sin tener un crecimiento económico sostenido, sin un Estado fiscalmente sano y responsable para cumplir con sus obligaciones constitucionales (los derechos sociales), no es posible romper el círculo de no crecimiento-desigualdad-pobreza.

“(…) cada vez será más difícil abatir la pobreza sin crecimiento económico, sostiene Gerardo Esquivel (…) la capacidad para abatir la pobreza de la presente administración dependerá de tres aspectos fundamentales (…) retornar a una senda de crecimiento sostenido a partir de 2026; (…) avanzar en la reducción de la carencia en el acceso a la salud (lo cual permitiría reducir la pobreza extrema multidimensional); (…) (y) focalizar mejor (territorialmente hablando) algunos de los programas sociales”. (Gerardo Esquivel, Reducción de la pobreza: ¿es sostenible?, Milenio, 25/8/25).

De aquí la urgencia de hacer política económica y social con miradas de largo plazo; de embarcarnos en la atormentada nave de la programación y planeación de la economía y del propio Estado; en fin, la crucial tarea de reconstrucción socioeconómica que ya no puede soslayar los majaderos niveles de violencia y anomia.

Dicho en una nuez: poner en acto una renovada pedagogía nacional, republicana y comprometida con la equidad, vector para avanzar en la búsqueda de una igualdad sustantiva. De democracia y justicia social.