Residentes del edificio de 11 niveles y 44 departamentos, ubicado en la calle Durango 193, en la colonia Roma Norte, exigieron a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) la clausura definitiva de dos restaurantes y una tienda de gorras –usada para eventos sociales– que fueron acondicionados en la planta baja, la terraza y el sótano del inmueble, en plena violación al programa de desarrollo urbano.

En entrevista, los habitantes reprocharon que en abril pasado, tras las quejas presentadas en la oficialía de partes del Gobierno de la Ciudad de México, se colocaron sellos de suspensión de actividades por parte del Invea, pero fueron retirados horas después para seguir operando.

Los propietarios de los departamentos acusaron que el ruido en los negocios es excesivo durante 12 horas, entre las dos de la tarde y las dos de la madrugada, y dijeron temer por la integridad física de habitantes y visitantes ante un eventual sismo o incendio, porque no hay medidas de protección civil, a pesar de que acuden más de 100 personas a la terraza y una cantidad similar al sótano, donde sólo hay un pequeño acceso.

En septiembre pasado, una filtración del drenaje del restaurante provocó que se contaminara el agua de la cisterna de los residentes y dañara el sistema contra incendios, que sigue sin funcionar; en tanto, el sistema hidroeléctrico queda debajo de los muebles instalados por la tienda de gorras, que se habilita por las noches como salón de eventos.

Los vecinos se quejan porque se quedan sin agua y al contratar el servicio de la pipa tienen que esperar a que personal de la tienda autorice el acceso al espacio; además, deben esperar el elevador más de una hora porque “lo retienen en la terraza”, y otros prefieren no salir ante la posibilidad de enfrentar a comensales ebrios que en ocasiones ocupan áreas comunes.

Los propietarios recordaron que el personal que vendió los departamentos de GDC Desarrollos para el edificio, conocido como Icon Roma, ofrecieron que la planta baja sería un espacio común para los habitantes y la terraza sería el roof garden, pero fueron engañados, ya que en las escrituras quedó asentado que son áreas privadas.

El representante legal de los vecinos, Carlos Gómez, expuso que los empleados de ambos restaurantes se mofan de manera cínica de los intentos de poner orden y señalan que están en un esquema de tolerancia con las autoridades de Invea, que a cambio de una cantidad (de dinero) les permite operar de manera impune. Los vecinos han llevado evidencias a las autoridades, pero éstas siguen sin actuar después de cuatro meses.

Denuncia en FGJ

Sólo los establecimientos “que no pueden pagar una extorsión” permanecen cerrados, aseguró, por lo que presentó una denuncia de hechos a la Fiscalía General de Justicia local, que sigue en fase de integración, y el Invea central ha sido omiso en responder a los requerimientos judiciales.

“Quiero pensar que el Invea central y de la alcaldía no tienen conocimiento de lo que están haciendo sus subalternos y que es un negocio que manejan de manera particular”, indicó.

Pedro Ramírez y Luis Saco, a nombre de los residentes afectados, exigieron “respeto a la legalidad, que permita certidumbre y seguridad a los habitantes del inmueble, que es habitacional, que el restaurante de la terra-za quede clausurado”.