Washington. El presidente Donald Trump anunció ayer que buscará la pena capital para quienes sean culpables de asesinato en Washington como parte de su ofensiva interna contra lo que consideró una crisis criminal “fuera de control”, al tiempo que sufrió un revés judicial cuando un juez federal desestimó una demanda de su gobierno contra juzgadores federales de Maryland por una orden que ralentiza los esfuerzos de deportación rápida.

Durante una reunión ayer con su gabinete, Trump afirmó que “si alguien mata a alguien en la capital, vamos a buscar la pena de muerte. Es una medida preventiva muy fuerte, y todos los que lo han escuchado están de acuerdo”.

La capital estadunidense, al no ser un Estado, tiene un estatus legal único que le permite operar bajo una relación con el gobierno federal que limita su autonomía y otorga al Congreso un control extraordinario sobre los asuntos locales.

Trump utilizó este vacío legal para ordenar el despliegue de elementos armados de la Guardia Nacional para combatir al “crimen desenfrenado” y disminuir la presencia de personas sin hogar.

El Distrito de Columbia abolió la pena de muerte en 1981.

El juez federal Thomas Cullen desestimó una demanda que presentó el Departamento de Justicia contra todos los jueces federales de Maryland, por una orden que ralentiza los esfuerzos de deportación rápida, y criticó al presidente por “difamar e impugnar a los jueces individuales que fallan en su contra”.

El tema de la demanda era una orden del juez presidente del tribunal de distrito de Maryland que frenó la deportación inmediata de migrantes que impugnaban su expulsión. El Departamento de Justicia añadió que la pausa automática obstruía la autoridad del presidente para hacer cumplir las leyes de inmigración y solicitó una orden judicial para bloquear el mandato.

Cullen, quien fue nominado por Trump, criticó los ataques del gobierno federal contra el Poder Judicial y destacó que en los últimos meses funcionarios de la Casa Blanca habían descrito a los jueces como “rebeldes”, “desquiciados” y “corruptos”, entre otros vituperios.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia que se convirtió en la fuerza impulsora de la enorme ofensiva antimigrante de Trump, se enfrentan a largas jornadas y a presiones internas que comienzan a pasar factura, refirió la agencia de prensa Reuters.

La agencia federal enfrenta el agotamiento y la frustración de su personal, por la indignación nacional que generan sus arrestos, mientras luchan por seguir el ritmo de la agresiva agenda del jefe de la Casa Blanca.

Fiscales federales fracasaron en persuadir tres veces a un gran jurado para acusar a una mujer de agredir a un agente federal durante una redada antimigrante el mes pasado en Washington. Tres grandes jurados distintos se negaron a acusar a Sydney Reid por agredir, resistirse o impedir el paso a agentes durante la redada, revelaron los fiscales antier.

Mientras, la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kristi Noem, firmó una exención que garantiza la construcción expedita de aproximadamente ocho kilómetros del nuevo muro fronterizo de nueve metros de alto en la frontera con México, para frenar los cruces irregulares.