En los primeros seis meses de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha recibido 254 mil 379 informes avisos de las actividades vulnerables vinculados con el sector inmobiliario de un total de 8 millones 497 mil 880; alertas que, como proporción de todas las actividades a las que se da seguimiento, apenas figuran si se tiene en cuenta que ésta representa cerca del producto interno bruto (PIB) de México.

Más de 60 por ciento de las operaciones sospechosas reportadas en el sector inmobiliario involucran pagos en efectivo, uso de prestanombres o adquisición de bienes sin justificar el origen de los recursos, de acuerdo con datos de la misma agencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A la par, las autoridades hacendarias, incluido el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen encima la tarea de supervisar a alrededor de 60 mil entidades y profesionales dedicados a las ventas en el sector inmobiliario, lo que dificultaba las inspecciones exhaustivas.

Como parte de las directrices para dar seguimiento a un sector que a nivel internacional supone uno de los que mayores riesgos implican para el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) consignó en un informe especializado en el sector inmobiliario algunas de las tareas realizadas por México.

Desde 2019, el SAT envió invitaciones a los sujetos del sector inmobiliario que aún no habían sido incorporados al Registro Nacional de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, y realizó visitas in situ y extra situ en función del riesgo asociado a esta actividad y registró una serie de deficiencias a las que es difícil dar seguimiento por la cantidad de sujetos bajo supervisión.

De acuerdo con la más reciente Evaluación Nacional de Riesgos de la UIF, al 30 de junio de 2022, se tenían registrados 107 mil 642 sujetos que realizan o desempeñan alguna actividad de riesgo. Los vinculados con derechos personales de uso o goce de inmuebles eran 33 mil 886; con transmisión de derechos sobre bienes inmuebles, 33 mil 886 y en el desarrollo inmobiliario, 8 mil 145 más.

En suma, el sector representa 54 por ciento de los sujetos listados en Registro Nacional de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

Alberto Córdova, socio del despacho Von Wobeser y Sierra, explicó que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 16 de julio, conlleva algunos cambios para el sector de bienes raíces. El principal es la ampliación de los sujetos obligados.

Antes los sujetos obligados eran quienes prestaban los servicios de construcción, desarrollo o intermediación. No era el contratante el que realizaba la actividad vulnerable. Con la reforma se da seguimiento a quien vende o desarrolla, a quien compra y a los notarios públicos. Además toda transacción por encima de 907 mil pesos está sujeta a revisión.

Córdova explicó que a partir de la publicación de la reforma, las autoridades hacendarias tienen 12 meses para emitir la reglamentación secundaria. Y hay “muchísimo interés en el gobierno en entrar más a detalle en todas las actividades vulnerables. Hay mucha presión de estados Unidos para seguir cumpliendo”.