Buenos Aires. Bajo una lluvia tenaz, un grupo de personas con diversidad funcional y familiares que los acompañaron iniciaron la noche de este martes una “vigilia con velas” bajo carpas que desplegaron en la Plaza de Mayo, con el objetivo de reclamar el apoyo de los diputados que debatirán este miércoles una sentencia judicial contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente, Javier Milei, quien vetó la ley de urgencia de discapacidad, lo que dejaría en el abandono a millones de personas que se quedarán sin ese beneficio.

La justicia declaró inválido el veto del mandatario, entre otros argumentos, al considerar que “el derecho de los niños con discapacidad prevalece sobre cuestiones presupuestarias”.

Los familiares de dos niños con trastornos generalizados solicitaron el amparo ante un juzgado de la localidad de Campana porque el veto presidencial los dejaba sin tratamientos médicos, al aducir el gobierno “que no hay plata”.

El tribunal señaló que esta ley reparara un derecho lesionado por el ajuste en el área, y el veto presidencial provoca el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud, que afecta a personas en situación de vulnerabilidad y que demandan una protección especial por parte del Estado, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales.

La respuesta gubernamental de que “no hay plata” constituye “un argumento falaz (…) y sin ningún esfuerzo interpretativo puede advertir que la ley faculta al gobierno a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias para asegurarse el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores”, resaltó el juzgado.

Distintas organizaciones marcharán este miércoles hacia el Congreso junto con la Asociación de Trabajadores del Estado, los jubilados, a quienes se unirán las familias que acampan, ya que el gobierno de Milei ha recurrido a la “compra de votos” y presionado a los diputados, especialmente de los sectores de la Unión Cívica Radical, afines al oficialismo y otros, para tratar de impedir el rechazo a cuatro vetos, entre ellos, el de la ley de emergencia de discapacidad y también de jubilados.

En plena campaña electoral para las elecciones legislativas, Milei necesita que se mantengan los vetos, lo que significaría un frente menos de los que en estos momentos sacuden a su gobierno.

La oposición además de rechazar estos vetos, también lo hará en reclamo a la ayuda económica a Bahía Blanca, provincia afectada gravemente por inundaciones, cuya reconstrucción aún no ha podido terminarse por falta de fondos del gobierno nacional.

En tanto, el juez Marcelo Bruno Dos Santos firmó la caducidad del proceso que demandaba el pago de una suma millonaria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa de vialidad elaborada sobre falsas pruebas.

La determinación judicial dispone que la ex mandataria no pague al Estado un resarcimiento de 22 mil 300 millones de pesos (unos 17 mil dólares), debido a que Vialidad Nacional no impulsó en el plazo de seis meses el expediente iniciado en 2008 y por lo tanto ya no se puede exigir ese dinero.

De inmediato, el gobierno anunció que apelará el fallo, fundado en la presentación de los abogados de la defensa de Fernández de Kirchner.

Por otra parte, avanza la causa abierta por las más de 96 muertes que se atribuyen a los fármacos de fentanilo contaminados con dos bacterias letales, que fueron repartidos por un laboratorio en diciembre de 2024 en diversos hospitales del país, que deberían haber sido inspeccionados por la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y que el gobierno de Milei está desmantelando con la decisión de destruir y quitar financiamiento a la mayoría de los organismos estatales.