En uno de sus últimos actos, la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que dejarán el cargo el 31 de agosto– rechazaron invalidar disposiciones de la reforma judicial de Yucatán que amplían hasta 2036 (e incluso 2042) los periodos de magistrados, algunos ligados al ex gobernador panista Mauricio Vila Dosal, propuestos en su momento.

En la última sesión del pleno, ayer la ministra Loretta Ortiz presentó un proyecto que proponía anular los artículos transitorios 7 y 8 del decreto 55/2025, al considerar “injustificada” la extensión de mandatos, lo que desnaturaliza el modelo federal y contraviene la Constitución. “Esto permite que en Yucatán sobrevivan normas que contradicen el fin de la reforma judicial de septiembre de 2024”, advirtió.

El decreto fue impugnado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante dos acciones de inconstitucionalidad, porque en sus transitorios fijaron plazos extraordinarios para el Tribunal de Disciplina Judicial: los electos en 2025 o 2026 concluirán en 2033 y 2036, y los de 2027 hasta 2036 y 2042, prolongando de forma excepcional la duración de los cargos.

El ministro Jorge Mario Pardo defendió que estas reglas dieron certeza a candidatos y votantes, mientras el ministro Javier Laynez sostuvo que la acción no es de materia electoral sino constitucional, como determinó también el Tribunal Electoral.

La ministra Lenia Batres advirtió que los plazos de 11 y 15 años son desproporcionados e inconstitucionales frente a los cinco y ocho años previstos en la Constitución federal. El pleno determinó que los artículos séptimo, octavo y noveno sólo organizaron la elección extraordinaria de 2025, ya concluida y declarada válida, por lo que se sobreseyeron.

En cambio, del mismo proyecto de Loretta Ortiz, la mayoría invalidó una parte del artículo 64, porque permitía que el Congreso local creara tribunales por ley, algo que solo puede hacer la Constitución federal.